Después de más de tres años de consultas y discusiones, el pleno de la Asamblea Legislativa tendrá que tomar esta semana una decisión con respecto al proyecto de ley sobre delitos ecológicos, iniciativa del procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
El proyecto de ley que adiciona al Código Penal el Título XIII referente a los Delitos contra el Ambiente se encuentra como primer punto en el orden del día del pleno legislativo y desde el pasado viernes, el pleno reanudó la discusión en segundo debate.
La Asamblea Legislativa concluye el próximo lunes 30 de junio el actual período de sesiones ordinarias y en el caso que el citado proyecto de ley no haya sido aprobado en tercer debate, la iniciativa "muere en su cuna" y para que se pueda discutir en el nuevo período habría que volver a presentarlo e iniciar desde cero.
A pesar de los recientes derrames de químicos, combustibles y otros materiales contaminantes en diversos ríos y playas en la ciudad capital, así como en algunos puntos del interior de la República, los legisladores todavía no logran unificar sus criterios con respecto a esta iniciativa que propone sanciones penales para quienes incurran en actos que atenten contra el ambiente.
Originalmente el procurador Sossa propuso penas de prisión de uno a tres años para quienes resultaran culpables de atentar contra el ambiente, mientras que los legisladores durante la discusión en primer debate decidieron disminuir estas penas de seis meses a dos años y medio.
Las penas que se establecen en este proyecto de ley serían independientes de cualquier proceso civil que se interponga por los daños que sean causados al ambiente, ya sea por acción u omisión de las personas involucradas en los hechos denunciados.
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