El ministro del Canal de Panamá, Ricardo Martinelli, expresó sus dudas sobre la necesidad de realizar un referéndum nacional para aprobar o rechazar el proyecto de ampliación de la vía interoceánica.
Según Martinelli, "hay abogados que aseguran que no se necesita una consulta popular" para iniciar la construcción de un tercer juegos de esclusas que hagan posible el tránsito de buques de tamaño "post-Panamax".
"Yo no soy abogado... lo que tengo entendido es que hay unos abogados que dicen que si se requiere hacer una consulta popular y otros que dicen que no se necesita hacerlo y cuando se hagan un gran debate nacional se decidirá por una o por otra", indicó el ministro.
De acuerdo a Martinelli, la necesidad o no de efectuar un referéndum para aprobar o rechazar la ampliación del Canal "la tienen que decidir los abogados".
Dijo que queremos iniciar el proyecto "lo más pronto posible" y ya estamos esbozando conceptos e ideas para resolver todas las inquietudes.
En tanto, el funcionario manifestó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inició un programa de divulgación del proyecto de ampliación de la ruta acuática.
La campaña informativa inició con una explicación de los planes de la construcción a un grupo de legisladores oficialistas, indicó.
"Esto es solo el inicio de una serie de conversaciones donde se divulgará a todo el pueblo panameño, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo".
Cabe señalar que -según informes de la ACP- el proyecto incluye un plan de desarrollo sostenible para toda la cuenca hidrográfica del Canal, ampliaciones en el cauce de navegación y la profundización del Lago Gatún, además del sistemas alternos de elevadores de barcos, la construcción de dos puentes y de nuevos embalses.
El artículo 319 de la Constitución establece que aspectos concernientes al Canal de Panamá como la firma de tratados sobre sus esclusas y su protección, además otros como la construcción un tercer juego de esclusas "deberán ser aprobados por el Organo Ejecutivo y luego de su aprobación serán sometido a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa".
