LOS FISCALES destituidos por la Procuradora Ana Matilde Gómez al inicio de su gestión no han perdido la esperanza de ser reintegrados en sus puestos y para ello mantienen procesos ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte.
Tanto es así que la Sala Tercera solicitó la comparecencia del ex procurador José Antonio Sossa para que sea testigo dentro de la demanda de nulidad presentada por la ex fiscal Argentina Barrera, contra la resolución No. 60 de 26 de agosto de 2005, mediante la cual se le destituyó.
En este proceso los magistrados de la Sala también han requerido la presencia de la ex procuradora suplente, Mercedes de Grimaldo.
Barrera presentó una demanda de nulidad contra la citada resolución por considerar que no se apegó a la ley.
La también ex fiscal tercera de circuito, Esther Uribe, recurrió a la Corte para que se analice si en su caso el Ministerio Público actuó de forma legal.
A principios de año la Sala Tercera de la Corte ordenó el reintegro del fiscal quinto de circuito, Giovanni Olmos, por considerar que su destitución no se apegó a la ley.
El fallo de la Sala Tercera también ordenó al Ministerio Público a cancelar los salarios dejados de pagar al funcionario. No obstante, Olmos renunció a sus aspiraciones de retornar al Ministerio Público.
De ser exitosos los procesos de Barrera y Uribe el Ministerio Público se enfrentaría a una difícil situación para reintegrarlas a sus cargos.
A la vez que obligaría a la Procuraduría desembolsar fuertes sumas de dinero para el pago de los salarios no percibidos.
Argentina Barrera se desempeñó como fiscal novena de circuito. Mientras que Esther Uribe ocupó el cargo de fiscal tercera de circuito.
Otros fiscales debieron presentar sus renuncias al cargo y algunos mantienen procesos penales en trámite. Algunos tiene procesos disciplinarios abiertos.
En la mira de la Corte
Varios de los funcionarios han señalado que las acciones para su salida violaron el debido proceso.
