Treinta días hábiles tiene la juez suplente del Juzgado Tercero de Circuito Penal para dictar sentencia dentro del proceso contra la ex funcionaria de la Presidencia, Dalvis Xiomara Sánchez.
A Sánchez se le acusa del supuesto delito contra la administración en perjuicio de la Contraloría General de la República.
La fiscal segunda anticorrupción, Lizzet Chevalier, señaló que por este escándalo, la Contraloría determinó que se debía comenzar una investigación por posible enriquecimiento injustificado.
Detalló que esta situación fue lo que dio pie a la investigación que empezó el Ministerio Público.
Por su parte, el abogado de Sánchez, Rogelio Cruz, reiteró que el dinero no estaba en el congelador como dijeron algunas personas, incluyendo a la ex procuradora Ana Matilde Gómez.
Sostuvo que a través de varios peritajes se sustentará la tesis de que Dalvis Sánchez estaba en capacidad para ahorrar desde el año 2000 hasta agosto de 2002, cuando sufrió el hurto de 35 mil dólares en su residencia.
Según Cruz, la información está sustentada en sus ahorros y cuando laboró en las fuerzas armadas de Estados Unidos.