El presupuesto de la CSS para el año 2004 quedó en un limbo jurídico ayer, luego que se cumpliera el último día para que se discutiera en la Junta Directiva y ésta no lograra el quórum requerido.
Mientras tanto, sectores obreros consideran sospechoso que esta situación coincida con el hecho de que el Gobierno presiona para que la institución invierta B/.500 millones en la compra de bonos del Estado en un año electoral.
El asesor legal de la CSS, Jaime Franco, afirmó que la aprobación del presupuesto de la institución para el próximo año "ha quedado en un limbo".
Reconoció que se manejan dos salidas, una que el Organo Ejecutivo elabore el presupuesto de la entidad, lo cual no considera conveniente, porque la CSS es una institución descentralizada con autonomía; y la otra, es que al igual que pasa con el Presupuesto de la Nación cuando no es aprobado, la institución funcione con el inmediatamente anterior.
Franco recordó que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Caja regula la facultad de la Junta Directiva sobre el tema del presupuesto y que la fecha tope para la aprobación del presupuesto es el 15 agosto.
En tanto, la representante del sector obrero en la Junta Directiva, Elsa Isabel Montenegro, consideró como peligroso que se quiera obligar a la entidad a comprar bonos del Tesoro por B/.500 millones en un año electoral.
Los trabajadores no serán "escaleras" para que los políticos hagan campaña política con los fondos de la institución, enfatizó.
Montenegro criticó la compra de bonos y recordó el 5% de interés que pagan los organismos internacionales a los funcionarios que logren saldar parte de la deuda externa del país.
En tanto, Juan Jované, opinó que si él como director general hubiese aceptado la inversión de los B/.500 millones en bonos, no hubiese habido ningún problema en la aprobación del presupuesto.
"Yo no estoy de acuerdo en que se utilice ese dinero para comprar bonos en el año 2004, que no es un año cualquiera", advirtió Jované.
Alertó que la falta de un presupuesto adecuado deteriorará los servicios de salud y obligará a la entidad a incumplir convenios internacionales.
Jované indicó que personalmente no está dispuesto a correrle el gusto al Fondo Monetario Internacional (FMI) de quitarle los derechos que tienen los profesionales.
A juicio de Jované, el presupuesto de la CSS debe ir a consideración de la Asamblea Legislativa y no ser aprobado por el Ejecutivo, ya que sería la segunda vez que utiliza el mismo método de bloquear la aprobación para violar la autonomía.
Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Erasmo Muñoz, reiteró que la instancia sigue en sesión permanente para tratar de aprobar un presupuesto balanceado.
Mientras que el viceministro de Finanzas, Publio Cortés, cuestionó a Jované por la presentación de un presupuesto deficitario y por acusar al Gobierno de querer imponerle la compra de B/.500 millones en bonos del Estado.
Cortés señaló que esta posición es sólo una excusa, pues recordó que en el mes de julio la administración solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que autorizara a la CSS a invertir en títulos y valores emitidos por el Estado sin tener que realizar y solicitar para cada caso la opinión favorable del Consejo Económico y del Consejo de Gabinete.
Según Cortés, lo que para Jované antes estaba bien, ahora está mal, refiriéndose a la posible inversión en papeles del Estado.
En tanto el Banco Nacional de Panamá (BNP) destaca, mediante un comunicado, que la garantía de la protección a los asegurados no se obtiene culpando infundadamente a otra entidad estatal, como lo ha hecho la Caja de Seguro Social con la entidad bancaria.
La respuesta del BNP surge ante los insistentes cuestionamientos que ha hecho la administración de la CSS por los bajos intereses que devenga la institución por los dineros depositados en el banco el estatal, y que a juicio de los administradores de la CSS se le debe permitir reinvertir estos dineros en otras áreas, donde obtengan mejores intereses como una de las acciones destinadas a mejorar la situación financiera de la institución.
El BNP afirma que no se puede responsabilizar a otros por los problemas financieros, estructurales y administrativos, para resolver los requerimientos de sus programas de seguridad social, ya que esto se enmarca dentro de la capacidad y responsabilidad de la propia administración de la CSS.
El banco advierte que manejar las reservas internacionales de la República de Panamá, "nos obliga por ley a que la liquidez sea colocada única y exclusivamente en instituciones o instrumentos financieros que tengan grado de inversión bajo parámetros internacionales".
Dentro de esa calificación, sostiene el comunicado, el Banco Nacional de Panamá dirige los recursos exclusivamente hacia instituciones bancarias en las principales economías del mundo, que dentro de ese nivel son consideradas las más seguras en el mercado bancario y financiero internacional.
