El ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, tendrá que esperar unos 30 días para conocer si el juez noveno penal, Diego Fernández, decide llamarlo o no a juicio por presunto blanqueo de capitales.
Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y de la defensa de los 15 imputados, el juez procederá a analizar las solicitudes de ambas partes.
En su intervención, el fiscal Marcelino Aguilar pidió el llamamiento a juicio para el ex mandatario y otros 11 implicados.
También solicitó el sobreseimiento provisional de tres imputados, que se mantengan las medidas cautelares y la compulsa de copias para investigar una cuenta de más de 176 millones de dólares en Banistmo Internacional de Bahamas.
La audiencia.
Comenzó a las 8:15 a.m., con la intervención del personal de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.
Dos funcionarios usados por la oficina de instrucción como refuerzo detallaron, a través de cuadros comparativos, la existencia del aducido delito de blanqueo de capitales.
Explicaron que en las investigaciones de la Fiscalía no se debatió la concesión a la empresa Lucky Games, registrada en la administración del ex gobernante, sino que las diligencias confirmaron que las ganancias de las sociedades dentro del expediente eran perseguibles por la irregularidad de sus movimientos.
Expresaron que sus sospechas permiten mantener los cargos, pues también hubo ocultación y encubrimiento de bienes.
Incluso, hicieron referencia a que el imputado Henry Mong Woo no tenía título de contador autorizado, a pesar de que estudió cinco años y era firmante en tres sociedades (PTY Adventures, Kestell Management y Joyas del Mundo).
Según la Fiscalía, todos los dineros de las sociedades anónimas manejadas por los imputados provenían de préstamos; sin embargo, no existen contratos e hipotecas que lo confirmen.
Además, el fiscal Marcelino Aguilar fustigó el trabajo de los peritos del Instituto de Medicina Legal en las auditorías practicadas a los sociedades, pero sin demeritar su profesionalismo.
Manifestó que no cuestiona directamente a los peritos, sino el resultados de los puntos que debieron desarrollarse con los procedimientos adecuados.
A su juicio, los peritos no pudieron justificar el dinero que recibió Shelf Holding Inc. y otras cuatro sociedades de Lucky Games.
Indicó que resulta extraño que los imputados tuvieran firmas autorizadas en las sociedades, pero no formaran parte de la juntas directivas y los dueños fueran Pérez Balladares y su yerno Enrique Pretelt.
