Endara no se arrepiente de Ley 25

El expresidente Guillermo Endara afirmó ayer que no se arrepiente de haber promulgado la Ley 25 con la cual se despidió a 270 trabajadores acusados de atentar contra el gobierno, acto por el cual Panamá enfrenta a partir de mañana una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Actué en forma muy correcta, porque habían muchas vinculaciones entre el golpe de Estado del coronel Herrera (Eduardo) y el movimiento obrero que decretó en ese entonces (el 5 de diciembre de 1990) una huelga general para crearle problemas al Gobierno", sostuvo.
La audiencia que se celebrará en San José, Costa Rica, representa la primera ocasión en que Panamá será sentada en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los trabajadores piden una indemnización de B/.200 millones por despido arbitrario, salarios caídos y daños morales.
Endara dijo que "si no hubiera actuado en forma rápida y con decisión como lo hice, tal vez hoy no estaríamos viviendo en democracia", indicó. "No me quedaba otro camino para defender la democracia", ripostó.
Manifestó que su equipo de inteligencia comprobó la efectiva vinculación que existía entre "el golpista" Herrera y los dirigentes obreros, que sustentaban el llamado a huelga con peticiones "sumamente inalcanzables".
El exmandatario aseguró que le produce "muy mala espina" que la Corte lo haya descalificado como testigo, cuando fue él quien ordenó la Ley que después fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Mientras que el ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, acusó a Endara de crearle un problema al Estado panameño con una Ley "antisindical y antiobrera".
No obstante, Rivera expresó que el Gobierno respetará el veredicto que emita la Corte y enfrentará las consecuencias del problema que le dejó Endara "como herencia".
Indicó que el actual Gobierno trató de hacer justicia a una buena cantidad de los destituidos con la Ley 25 reintegrándolos a sus puestos de trabajo.
Panamá está representada en la audiencia por un grupo de abogados encabezados por Carlos Vargas, Jorge Federico Lee y Adolfo Ahumada, mientras que la acusación por la Corte estará a cargo del brasileño Elio Bicudo.