El expresidente de la República, Guillermo Endara, dijo ayer que no se arrepiente de haber destituido a 270 servidores públicos acusados de atentar contra la seguridad del Estado y el orden constitucional democrático del país, por supuestamente apoyar un fallido golpe de Estado, el 5 de diciembre de 1990.
Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, comenzó esta semana las deliberaciones para emitir una sentencia que obligará o liberará al Estado panameño del pago de unos B/. 70 millones a los 270 trabajadores, en concepto de salarios caídos.
El ex gobernante también acusó a la mandataria Mireya Moscoso de pronunciar declaraciones que pueden influir a que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, emitan una sentencia contra el Estado panameño por el despido de los funcionarios durante el mandato de Endara.
"Mireya dijo que si los magistrados fallaban contra Panamá el gobierno va a buscar de donde sea los B/.70 millones que ellos demandan y eso seguramente llegará a los oídos de los magistrados", apuntó Endara.
Agregó que "al escuchar eso, lo más fácil para los magistrados será fallar contra el Estado, porque saben que Mireya dice que va a conseguir la plata para pagarle a los sindicalistas golpistas".
Igualmente sostuvo que "parece que los medios de comunicación y la opinión públicos se olvidaron de que la democracia estaba en peligro y que me pedían que hiciera algo al respecto, incluso me pedían que suspendiera las garantías constitucionales".
"Ahora resulta que el único que vivió eso fui yo, y que el resto perdió la memoria", indicó el expresidente.
Los empleados públicos destituidos apoyaron un golpe de Estado, participando en una huelga que buscaba desestabilizar el Gobierno y eso todo el país lo sabe, insistió.
Según Endara, si los funcionarios no hubieran sido destituidos hoy Panamá no estaría viviendo en democracia.
La demanda es conocida como "Baena Ricardo y otros" que conoce la COIDH por el despido de 270 trabajadores en 1990 por el presidente de Panamá en ese entonces, Guillermo Endara, quien los acusó de atentar contra la seguridad del Estado y el orden constitucional democrático del país y de sedición.
