LA PROPUESTA de reformas al Código Penal panameño, en el que agravaron las sanciones para los delitos de calumnia e injuria, despertó el interés internacional y nacional por un tema que no gusta para nada: el aumento de las penas.
Esta acción ha sido calificada como "un retroceso en materia de derecho a la libertad de expresión" por el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Ignacio Álvarez.
Según el análisis efectuado por el Relator, el anteproyecto es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y podría constituir otra violación al Artículo 2 de esta misma convención, que obliga a los Estados a adecuar su legislación nacional a los estándares internacionales sobre la materia.
Para Álvarez, las penas de privación de libertad son las sanciones más drásticas con las que cuenta la sociedad, y la idea en definitiva es ir disminuyendo sanciones de este tipo.
Sin embargo, el coordinador de la subcomisión de Derecho Penal de la Comisión Codificadora, y ex procurador de la administración suplente, José Juan Ceballos, uno de los principales propulsores de este anteproyecto, defendió fehacientemente la reforma.
"Nosotros consideramos que la libertad de expresión se puede dar perfectamente con el respeto al dolor ajeno", dijo, y agregó: "las libertades tienen sus límites, y uno de esos límites es la dignidad humana".
Ceballos, quien también integró la comisión que para el mismo fin (reformar la codificación penal) nombró el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, consideró que así como se tutela el patrimonio privado (bienes materiales), también se debe tutelar la honra, que es lo más preciado que tienen las personas.
Sin embargo, la procuradora Ana Matilde Gómez estimó que "prisionalizar" las formas simples (delitos que pueden ser penados con días-multa) "es un retroceso".
Endurecer penas por calumnia es un retroceso
Desde Washington, el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA se escandaliza.