Aunque no existe una sanción establecida para los países que violan los convenios y ratificaciones sobre los derechos de la niñez, Panamá se enfrenta a un posible aislamiento total por parte de la comunidad internacional.
Si es aprobado en la Asamblea Legislativa un aumento de las penas a los adolescentes, el Estado estaría sujeto a un informe exhaustivo y público sobre esta situación a cargo de un comité especial establecido en Ginebra.
Este comité, que está integrado por 10 expertos que representan los intereses de la región en materia de niñez pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, tiene la labor de investigar lo actuado por las autoridades y encargados de sancionar la ley.
Estas repercusiones fueron explicadas por Alfredo Missair, director regional del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF), durante un taller con los medios de comunicación.
Missair puso como ejemplo de cuáles serían las medidas que pueden ser aplicadas a Panamá, lo acontecido con Corea del Norte, que al no ratificar la Convención de Derechos de la Niñez, enfrenta la reacción de la comunidad internacional, la no figuración en los diálogos efectuados por el concierto de las naciones y el retiro de los donantes bilaterales del conjunto de naciones firmantes de los tratados y convenios.
Panamá podría ser sometido a esta sanción moral y económica, lo que haría perder la credibilidad del país y sus derechos por no cumplir con los convenios firmados.
