Enemigos de la naturaleza tendrían los días contados rejas

AQUELLOS HALLADOS culpables de atentar contra el medio ambiente se les acabaron los días de impunidad. Una nueva ley los pondría ahora tras las rejas.
Ecologistas y abogados lo intentaron por años, pero finalmente el 14 de este mes la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tercer debate. Se trata de la ley sobre delitos ambientales, que sólo espera ser sancionada por el presidente de la República.
El nuevo instrumento legal adiciona al Código Penal un título referente a acciones que atentan contra la naturaleza. Esta vez, los infractores deberán cumplir penas de hasta cuatro años y las multas correspondientes.
Panamá cuenta con una legislación, pero las sanciones son menores al daño que causan al ambiente, según estiman los juristas, por lo que esperan que con la nueva legislación, quienes incurran en estos actos reciban un verdadero escarmiento.
Giovanni Olmos, del Ministerio Público, ha advertido en varias ocasiones sobre la necesidad de aplicar sanciones más severas a quienes incurran en delitos de esta naturaleza.
Olmos, de la Fiscalía Quinta, afirma que tras cinco años de perseguir este proyecto de ley, finalmente ahora están más cerca de castigar a quienes contaminen el ambiente.
"En Panamá nos encontramos ante una criminalidad oculta". Así explica el alto índice de contaminación que generan personas y empresas y que asegura crece diariamente.
Ante tal panorama, estima que no es suficiente prevenir daños ambientales; también deben ser penalizados. Lo percibe como un asunto de derechos humanos.
El fiscal, uno de los principales promotores de la ley, afirma que ahora sí se podrá ejercer una función coercitiva que disuada a los enemigos de la naturaleza.
Para el abogado Juan Ramón Sevillano, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la nueva ley es "un avance en nuestra lucha por la defensa de los recursos naturales".
La herramienta legal, según Sevillano, dará continuidad a denuncias que han interpuesto y que han quedado en nada, porque el Código Penal no establece sanciones para delitos ambientales.
El proyecto antes había sido archivado por el Gobierno pasado, justo en octubre de 2003. Tuvo sus precedentes en las leyes ambientales promulgadas por países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala Venezuela y Colombia.
Panamá tuvo su Ley General de Ambiente a partir de julio de 1998, con la que, entre otros aspectos, se creó la Fiscalía del Ambiente.
Sevillano lo resume como un instrumento legal valioso porque quienes infringen la ley logran evadir en ocasiones su responsabilidad.
Citó 2 ejemplos en los que la nueva ley tendría cabida.
Se trata de los comercios del área de Milla 8, que vierten contaminantes al río Sonsonate, y en el área Este de la ciudad, en donde los desechos del Hospital Regional y del matadero municipal de Chepo van a dar al Río Mamoní.
En Panamá, la deforestación es un problema común, que avanza a un ritmo de 1.65% anual. La caza furtiva, la agricultura zonas protegidas y la contaminación por las explotaciones minerales y petrolíferas también dejan secuelas en la naturaleza.
El país está suscrito a esfuerzos conservacionistas internacionales. Pese a haberlos firmado, no se han ratificado hasta el momento acuerdos como los de desertización, vida marina y madera tropical.