Pescadores de Playa Ensenada, en San Carlos, se enfrentaron con funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), que intentaban cortar el suministro de agua potable a la única residencia del lugar, propiedad de un asiático que se dedica a la compra y venta de pescado.
La acción fue solicitada por la Empresa Inmobiliaria La Ensenada, que alega la pertenencia de una franja de playa, dentro de cuyos límites se encuentra el área de trabajo de los pescadores, la residencia y el edificio en donde el asiático comercializa el pescado. Además de una estructura de propiedad del Municipio de San Carlos y una calle.
Los ánimos se caldearon y algunos pescadores esgrimieron machetes, para derribar la cerca, mientras las mujeres sonaban pailas, exigiendo su derecho al área de trabajo que han mantenido por más de 20 años.
Por su parte, los funcionarios de la Dirección Nacional de Catastro afirmaron que por orden del alcalde encargado, Lester Sánchez, los trabajos de la cerca fueron suspendidos, aún cuando ayer se pretendía verificar los límites de la propiedad de Inmobiliaria La Ensenada S.A., a solicitud de la Alcaldía de San Carlos y los pescadores.
Dijo que los puntos ubicados por la empresa se basan en el plano de la finca madre, la número 5755 inscrita en el rollo 17433, documento 9, la que comprende 21 hectáreas más 9,500 metros cuadrados, registrada a nombre de Inmobiliaria La Ensenada S.A.
Esta empresa solicitó al Estado una concesión de 7 mil 462 metros de playa, para un proyecto turístico, que aún está en trámite.
Jorge Fabián Gutiérrez, de la Dirección de Orientación al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, indicó que están verificando la denuncia de los pescadores, pues existe un problema de doble interés.
La Dirección de Catastro certificó la existencia de un título de propiedad inscrito, por lo que la tarea de la Defensoría del Pueblo será vigilar la verificación de los puntos y fomentar algún acuerdo entre las partes.
Entre tanto, Janeth Marhain, abogada de la Inmobiliaria La Ensenada, dijo desconocer la verificación de puntos que realizaría la Catastro, a solicitud de la Alcaldía de San Carlos.
Negó que exista interés de desalojar a los pescadores, sino hacerlos partícipes del proyecto, pero para ello deberán ponerse en regla.
Aclaró que en el sitio no se construirán viviendas para los pescadores, sino que se habilitarán sitios de trabajo y se indemnizará a quienes la ley favorezca.
Marhain explicó que se trata de una finca constituida en 1922, cuando las leyes permitían extenderse hasta el mar, lo que fue modificado con la Constitución de 1942, retrayendo los límites 22 metros atrás.
Santiago Ortiz, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, sentenció que defenderán "hasta la muerte su derecho a trabajar y el libre acceso al mar", pues el corte de agua, sigue al levantado de la cerca en el sitio donde reparan los aparejos de pesca, para forzarlos a salir del lugar.
Advirtieron que las protestas continuarán sin descartar el "atrincherarse en el lugar".
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