En una batalla campal y de resistencia se convirtió la comunidad de Cerro Punta ayer, específicamente en el puente sobre la quebrada Bajo Grande, cuando grupos ambientalistas por más de nueve horas se enfrentaron con quienes abogan por el Camino Ecológico Boquete - Cerro Punta.
Mientras que por un lado ambientalistas que se oponen al proyecto arribaban a la comunidad de Cerro Punta a tempranas horas de la mañana para participar de los actos cívicos que se habían programado de manera pacífica en los linderos del Sendero los Quetzales, los que están a favor de ésta se apostaron en las inmediaciones de la entrada en Bajo Grande, impidiendo el paso.
Pese a ello más de un centenar de personas logró cruzar y realizó como se tenía previsto la misa campal, mientras que otros se quedaron en el lugar de origen debido a la oposición que se dio por parte de los defensores del camino.
Luego de los actos con la ayuda de los mediadores lograron bajar y unirse con las más de quinientas personas que gritaban consignas en contra del proyecto, frente a los otros manifestantes entre los que estaban moradores de las áreas de Boquete y Cerro Punta, productores y figuras representativas de la actual administración. El momento se tornó un poco más álgido a eso de las 2:00 de la tarde, cuando grupos de ambos sectores fueron presas de los elevados ánimos y por poco se van a los puños.
Al lugar se presentaron unas 10 unidades de la Policía Nacional, además del gobernador de la provincia, Luis Muñoz, quienes a pesar de dialogar con los manifestantes no lograron un acuerdo que permitiera la apertura de la vía pública que fue cerrada por más de nueve horas por parte de los grupos a favor del proyecto.
A pesar de que no se permitió la entrada de los visitantes al área del Sendero, los ambientalistas y grupos en contra del proyecto se retiraron del área aproximadamente a las 6:00 de la tarde, repudiando, según Edidio Bonilla, presidente de una de las agrupaciones ambientalistas, la acción asumida por parte del gobernador y de la Policía porque no actuaron frente al cierre de la vía.
A su retiro del área, Bonilla indicó que repudiaban la actitud arbitraria e irrespetuosa de un grupo de personas en donde resaltaban funcionarios y personeros allegados al Gobierno, quienes permanecieron cerrando el libre tránsito hacia el Parque Volcán Barú.
Dijo que aunque esta protesta fue truncada no permitirán que se avance un centímetro más con equipos después del límite del parque. Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, lamentó el incidente protagonizado por los defensores del proyecto, pues indicó que todas las acciones estaban programadas de manera pacifica, sin embargo, no se respetaron los derechos de los ciudadanos libres.
Dijo que el cierre fue una acción totalmente ilegitima y las confrontaciones son algo ilógico. Graciano Cruz, vocero de los defensores, aseguró que ese camino es indispensable para el desarrollo sostenible de la región, sin embargo, muchos ecologistas han dado muy mala imagen pues una vez sea construida la carretera están dispuestos a ser los guardianes del parque.
Destacó que quienes se oponen no pertenecen a las comunidades de Tierras Altas, pues son parte de una línea de intereses pagados políticamente. Inclusive se acusó a los estudiantes de ser manipulados por parte de los profesores quienes les han ofrecido notas, por asistir a las acciones.
En tanto Líder Sucre, presidente de ANCON, dijo que quienes se oponen lo hacen de manera libre a diferencia de quienes los defienden, que responden a intereses de sus jefes.
Manifestó que ellos mantienen muchas personas en oposición del proyecto, pero que están dispuestos a que se ejecute por la ruta sur. Indicó que en los próximos días presentarán otras acciones legales, porque no hay justificación social ni económica, para llevarlo a cabo, por el Sendero de los Quetzales.
