El Ente Regulador de los Servicios Públicos no emitirá conceptos sobre las críticas efectuadas en contra del proceso de licitación para adjudicar las frecuencias de televisión que resulten disponibles como consecuencia de los Tratados Torrijos Carter, porque las mismas responden a una campaña "malintencionada", dijo una fuente de la entidad.
La referida institución abrió el proceso de licitación para otorgar las frecuencias 7, 8 y 9 para la provincia de Panamá y 10 en Colón, brindando la oportunidad de participación a todas las empresas interesadas en estas frecuencias, sin que hubiese ningún tipo de restricción.
De acuerdo al cronograma planteado desde un principio, el Ente estableció una fecha para que las empresas interesadas retiraran la documentación y cumplido ese plazo, sólo cuatro empresas se mostraron interesadas.
El Ente Regulador prorrogó el período para que otras empresas pudieran para participar en la licitación, sin embargo, ningún otro grupo o consorcio se interesó por las frecuencias, por lo que se decidió proseguir con el proceso con las cuatro empresas registradas.
Desde entonces, el organismo cumplió con las etapas de precalificación, consultas y homologación del pliego de cargos y el próximo miércoles 29 de marzo, entre las cuatro y cinco de la tarde, en el Hotel Panamá, recibirá las ofertas económicas de las cuatro empresas precalificadas.
Sobre este proceso, Rómulo Roux, cuya firma representa a la empresa Televisora del Istmo S.A., reconoció que el Ente Regulador ha llevado el proceso "con mucha transparencia y eficiencia", publicando la información a su debido tiempo y haciendo de conocimiento público que las cuatro empresas que presentaron la documentación fueron precalificadas y declaradas aptas para continuar en la licitación.
Roux afirmó que el Ente Regulador ha llevado el proceso cumpliendo con las etapas, tal como se programaron y las compañías han estado al tanto de este cronograma.
Advirtió que interrumpir el proceso para darle oportunidad a otras empresas a participar, "sería una gran irresponsabilidad" que va en contra de la seguridad jurídica y de las normas que rigen los procesos de licitación pública en la República de Panamá.
Suspender o cambiar las reglas del juego cuando ya el proceso se encuentra en etapas intermedias o finales, es un "precedente nefasto" para todos los procesos de licitación pública y para la imagen internacional del país, advirtió.
El jurista reconoció el papel y el profesionalismo de los funcionarios del Ente en el proceso, a tal punto que la empresa que representa Televisora del Istmo S.A. no ha presentado ningún tipo de quejas a lo largo del proceso, lo que es indicativo de que se respetaron los parámetros que la ley establece.
En tanto, Eduardo De Alba, quien representa los intereses de Corporación Medcom Panamá, señaló que el proceso de licitación pública desarrollado por el Ente se ha realizado con la mayor apertura y claridad en sus reglas, imponiéndoles ciertas restricciones a los operadores de televisión existentes.
Señaló que todas las empresas tuvieron la oportunidad de participar en la licitación para optar por los canales citados, porque "hubo total apertura para hacerlo", sin embargo, sólo cuatro se tomaron el trabajo de preparar la documentación respectiva.
Expresó que en estos momentos hay algunas personas que con propósitos difíciles de determinar están pretendiendo que, sobre la base de una supuesta falta de oportunidad, se suspenda el actual proceso y se vuelva a convocar.
Al respecto, De Alba aseguró que en principio no tiene reparo en que haya una participación amplia de cualquier interesado, siempre y cuando se lleve a cabo con las reglas exigidas hasta ahora, que han sido justas y claras.
Calificó como injusto que algunas voces intenten manchar el proceso llevado hasta ahora, porque las empresas que participaron desde el inicio han invertido tiempo y dinero en prepararse para la licitación.
En tanto, una fuente de la empresa Televisora Panamericana dijo que las opiniones contra esta licitación forman parte de una campaña orquestada por grupos allegados al gobierno que intentan desconocer la ley que regula los servicios de televisión.
Añadió que el interés mostrado por estos sectores, luego de terminar el período para presentar propuestas, no es suficiente argumento para que se cambien las reglas de un proceso que ha cumplido con todas las exigencias legales.
"Cambiar las reglas del juego a estas alturas daría al gobierno una imagen de falta de seriedad y que no se ajusta al derecho. Esto sería un desconocimiento y violación de las normas legales que establecieron las pautas de dicho proceso", sostuvo.
Añadió que es importante destacar que el proceso fue abierto públicamente a todos los interesados y ninguno de los que hoy propugna por su revisión ni siquiera trató de cumplir con los requisitos establecidos en la ley para participar.
Manifestó que está convencido de que el Ente Regulador ni los tribunales prestarán atención a la solicitud de estos grupos, porque eso sería una violación a las normas legales y enviaría un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros y empresarios locales.
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