El Ente Regulador de los Servicios Públicos, como una medida paliativa para contrarrestar el aumento de la energía eléctrica, anunció que dejó sin efecto la restricción que se había dado anteriormente de suspender la interconexión con Centroamérica, a fin de que los distribuidores puedan adquirir energía en cualquiera de esos países más barata que la que se produzca en Panamá para el beneficio de los clientes.
También estableció que a partir del próximo mes de enero deberán pagar los peajes de transmisión que señale ETESA, de acuerdo a las fórmulas que para tal fin ha diseñado el Ente Regulador, y aclaró que los beneficios económicos derivados de estas transacciones irán exclusivamente al beneficio de los clientes regulados de las empresas distribuidoras.
El organismo ordenó a ETESA a que en diez días hábiles le entregue algunas certificaciones sobre la adecuación del sistema Centroamericano al panameño, para evitar futuros apagones.
Otras de las medidas aprobadas fue autorizar a las empresas distribuidoras para que temporalmente, hasta el 30 de junio, puedan aumentar de 15 hasta el 50% su generación propia o compras directas de energía a productores dentro o fuera del territorio nacional.
Por otra parte, los trabajadores del país no descartan decretar una huelga general a partir de enero, si las empresas distribuidoras insisten en el alza de la energía eléctrica, al tiempo que anunciaron una marcha para el próximo miércoles, como rechazo a esta medida y ante la posible firma de un "acuerdo de inteligencia" con Estados Unidos.
De acuerdo con el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, Guillermo Puga, como última instancia los trabajadores, ante la falta de respuesta del Ente Regulador de los Servicios Públicos, del Organo Ejecutivo y de las empresas eléctricas, evalúan una huelga general que será decidida en los primeros días de enero.
La marcha que realizarán los obreros partirá el próximo miércoles a las cuatro de la tarde del Parque Porras hacia la Asamblea Legislativa con la finalidad de reiterar el rechazo de la masa obrera al alto costo de la vida y al aumento de la energía eléctrica.
Puga precisó que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta de parte de las empresas generadoras ni del Gobierno, el cual argumenta que "está atado de manos, porque cualquier decisión es competencia del Ente Regulador".
De igual forma, el Sindicado Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) manifestó que la posibilidad de hacer acciones de fuerza y declarar una huelga general se mantiene ante la negativa del Gobierno y de las empresas distribuidoras de detener el anunciado aumento energético.