Entidades financieras preparan iniciativa para reformar el Código Penal
El borrador establece modificaciones para endurecer las penas y quitarle la competencia a las corregidurías para que conozcan de procesos relacionados con pensiones alimenticias.
Una reforma al Código Penal, que persigue la mala práctica de las pensiones alimenticias fraudulentas o amarillas para evitar obligaciones crediticias adquiridas con entidades bancarias y financieras, es preparada por organizaciones sociales.
La propuesta forma parte de un borrador de anteproyecto de ley que está preparando la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anafi) y que programa ser presentado a la Asamblea Nacional de Diputados durante este mes de febrero.
El Panamá América pudo conocer que el anteproyecto busca que se adicione un párrafo al artículo 282 del Código Penal. Actualmente las normas establecen sanciones mínimas de 2 a 4 años que son equivalentes a días multas.
También se busca que se modifiquen los artículos 37 y 46 de la Ley 42 de agosto de 2012, que regulan el establecimiento de las pensiones alimenticias en el país.
De acuerdo con el borrador del anteproyecto, en el caso del artículo 37 se busca que sea competencia exclusiva de los juzgados de familia los procesos de pensiones alimenticias.
El artículo 37 vigente de la Ley General de Pensión Alimenticia indica que son los jueces municipales de familia, los jueces municipales de niñez y adolescencia y los corregidores, quienes tienen la competencia para atender procesos de esta índole.
La razón es que según datos de la Anafi esta mala práctica ha tenido un incremento en los últimos años y se ha visto con mayor auge en las corregidurías de policía, donde sin mayores pruebas o trámites, se decretan pensiones alimenticias que terminan afectando un descuento directo para un préstamo.
Marta Cristina Lasso, asesora de la Anafi, reconoció que esta irregularidad está afectando negativamente el sistema financiero nacional.
Señaló que en algunos casos se realizan por medio de corregidurías específicas que ya han identificado, tras las investigaciones realizadas desde hace algunos meses para lograr identificar a las personas que propician esta práctica ilegal.
Según reportes de los afectados, las instituciones como la Contraloría General de la República y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) registran una alta incidencia de casos de evasión de obligaciones crediticias, escudadas detrás de las llamadas pensiones amarillas.