El 30 de diciembre de 1998, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de una nueva Ley del Transporte. Al presentarlo, la ministra de Gobierno, Mariela Sagel, dijo que con este documento se "metería en cintura a los transportistas".
A principios del año 2001, la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) solicita al gobierno de Mireya Moscoso la unificación a 25 centésimos del pasaje a cambio de mejorar el servicio a los usuarios.
En junio del 2001, el secretario de defensa de la CANATRA, Esteban Rodríguez, reconoció el incumplimiento del acuerdo con el Gobierno. "Estamos pidiendo el respaldo de la Policía para que imponga sanciones enérgicas contra estos transportistas que no quieren cambiar", dijo Rodríguez.
El 15 de agosto de 2001, Moscoso amenazó a los transportistas con no aprobar la unificación, ante el incumplimiento por parte de ellos. "Estos señores no han entendido que si de aquí a diciembre, ellos no cambian, ellos no cumplen, yo no voy a aumentar el pasaje", advirtió.
Ese mismo día, Rodríguez indicó que estaba de acuerdo con Moscoso y que si los transportistas no cumplían sus compromisos, "el pueblo no aceptaría la unificación del pasaje"
El 16 de agosto de 2001, la CANATRA enfatizó que sus agremiados honrarían el acuerdo con el Gobierno. En esa fecha, Quintero Luna declaró que la Autoridad del Tránsito (ATTT) mandaría a las calles a 50 inspectores para vigilar el cumplimiento.
El 13 de septiembre de 2001, la CANATRA advirtió que los propietarios de los buses que no estaban en buen estado no podrían unificar su tarifa. Aseguró que el transportista que no cumplía "no podrá circular hasta que mejore".
El 16 de noviembre de 2001, el ministro de Gobierno, Aníbal Salas, se quejó del incumplimiento de los transportistas, pero anunció una prórroga hasta enero del 2002 para que éstos cumplieran.
El Decreto Ejecutivo No. 296 de 13 de diciembre de 2001 concedió un plazo "final" hasta el 5 de marzo de 2002 para que los transportistas cumplieran con sus obligaciones.
El 8 de agosto de 2002, la ATTT afirmó que no permitiría la circulación de autobuses que no cumplieran con las normas de seguridad y comodidad. En esa fecha, Moscoso cedió ante la presión de los transportistas y ordenó al Banco Nacional que destinara B/.30 millones en préstamos para modernizar el transporte.
En septiembre de 2002, en una encuesta de CID/Gallup para El Panamá América el 90% de los encuestados dijo que los transportistas no habían cumplido su compromiso de mejorar el servicio.
El 21 de mayo de 2003, la Dirección de Tránsito de la Policía y la CANATRA anunciaron que desde el 1 de junio de ese año reactivarían los operativos para descubrir a los transportistas "irresponsables". El subcomisionado Roberto Joudry aseguró que se aplicarían "severas" sanciones y que a los transportistas reincidentes, se les retiraría de por vida el certificado de operación.
El 7 de octubre de 2003, el director de la ATTT, Pablo Quintero Luna, denunció que transportistas presentaron exámenes de laboratorio falsos sobre consumo de drogas y alcohol. Prometió retirarle definitivamente la licencia a los involucrados y llevarlos ante las autoridades judiciales.
El 11 de octubre de 2003, se publicó en Gaceta Oficial el reglamento de la Ley 34 que rige el transporte de pasajeros y se establecieron 180 días para que los transportistas cumplieran con el acondicionamiento de sus buses. Ese mismo día, Iturbides Quintero, presidente de la Cámara Provincial del Transporte, aseguró que quienes no se ajusten a la Ley, "desaparecerán de la actividad".
En mayo de 2004, la CANATRA realizó un paro de 36 horas exigiendo al Gobierno un subsidio estatal para compensar el alto costo del combustible, reestructurar el programa de financiamiento con bancos y financieras y una ampliación de la moratoria para pagar boletas.
