Entrega ilegal de récord acarrea sanciones, Fletcher

Los funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) que suministren el récord policivo de una persona con un carácter distinto a una investigación penal o administrativa, pueden ser sancionados con multas equivalentes al doble de su salario, además de enfrentar responsabilidades penales y civiles ante los tribunales.
En una consulta elevada por el Director de la PTJ, Emilio De León, a la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, ésta estimó que el récord policivo no debe, ni puede ser exigido por las autoridades administrativas; si el objeto de la acción no se enmarca dentro de un proceso administrativo contra la persona, tales como los procesos disciplinarios o una investigación por inmigración ilegal.
Señaló que la ley 66 de 2001 dispone límites para el acceso de cualquier órgano público a esta información. En este sentido, indicó que sólo las autoridades con competencia para investigar, decidir delitos o faltas, las autoridades con jurisdicciones especiales, creadas por la Constitución Política o la ley y las autoridades administrativas, podrán hacer uso de la información contenida en el récord policivo.
Alegó que cualquier intento de uso de este documento de otra manera por cualquier tipo de autoridad, puede acarrear la aplicación de sanciones de tipo penal y civiles, en este último caso, por la persona a quien se le exigió la presentación del documento.
También establece que solamente los funcionarios administrativos que dirigen a los entes públicos, en ejercicio de sus funciones de policía, pueden estar legitimados para solicitarle a los directores de la PTJ el récord policivo de una persona.
A la vez detalla que la finalidad de esta información sólo puede ser dirigida en la averiguación, análisis e investigación de hechos antijurídicos de peligrosidad, que la ley haya calificado como peligrosos para los altos bienes jurídicos, dándole a los funcionarios la posiblidad de establecer sobre los infractores, sanciones de tipo policivo.