Una Comisión Revisora integrada por representantes del Organo Judicial, el Ministerio Público y el Colegio Nacional de Abogados entregó ayer al presidente Ernesto Pérez Balladares el anteproyecto de reforma de los códigos Penal y Procesal Penal.
El nuevo documento contempla como las reformas más importantes: la revisión de las garantías penales, la incorporación de las definiciones de dolo y culpa, la adición del concepto de tentativa acabada, la fijación de nuevos tramos penales a la pena de prisión y el establecimiento de las equivalencias de penas principales.
La Comisión estuvo integrada por Fabián Echevers, Carlos Cuestas, José María Castillo, Geomara de Jones, Ricardo Rangel, Alvaro Visuetti, la exmagistrada de la Corte, Aura Emérita Guerra de Villalaz y Aida Jurado Zamora.
Para el presidente Pérez Balladares, estos anteproyectos van más allá de la tradición, permitiendo a Panamá encontrar en otros caminos, más modernos y eficaces, las reglas sobre las conductas sociales que todos queremos evitar.
Subrayó que estas iniciativas tienen gran sentido de imaginación y creatividad, porque permiten el agravamiento de las penas por el delito de hurto a centros educativos.
Dijo además que en el documento se introduce una concepción nueva sobre el agudo problema de la detención preventiva, a fin de que por medio de su regulación esta medida se aplique sólo cuando sea socialmente necesario.
Resaltó que estos anteproyectos serán sometidos al escrutinio público y que no hay nada allí que no pueda examinarse, evaluarse y mejorarse.
Por su parte, el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Cuestas, dijo que la reforma de la detención preventiva aplicable a los delitos con pena mínima de cuatro años de prisión, establece que la acción no podrá exceder de un año, con excepción de los delitos de violación carnal, narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio doloso, tráfico de armas, terrorismo y peculado mayor de B/.10 mil.
Las reformas permiten que Panamá cumpla su responsabilidad signataria del convenio contra la tortura, tratos crueles y penas infames ratificado por la Ley 5 de 1987.
