El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-H.H.) recibió ayer un borrador del contrato de consultoría entre el Instituto de Medicina Legal y el equipo argentino de Antropología Forense.
En este documento se estableció el presupuesto de 55 mil dólares para el pago de la labor de identificación de los restos óseos que recabó la Comisión de la Verdad, relacionados con las personas desaparecidas durante la dictadura militar (1968-1989).
Al equipo de antropólogos se le envió una copia de este contrato para la aprobación del contenido.
En este documento se determinó cómo serán los pagos y el tiempo que tiene el equipo de antropólogos para entregar los informes de los análisis.
Por ejemplo, los especialistas tienen 10 días hábiles, desde que se les entrega el contrato, para presentar un plan de trabajo.
Además, cuentan con 30 días hábiles para que presenten un primer informe sobre los resultados de los análisis de las muestras de ADN y de las osamentas que se les enviaron para su identificación.
Aquí se incluyen los restos que se presume sean los de Marlene Mendizábal y de Andrés Fistonich.
Los supuestos restos de Fistonich, denominados como el “caso 966”, fueron encontrados en el Cuartel de Los Pumas de Tocumen, en el año 1999.
El contrato también establece que los especialistas tienen 120 días hábiles para entregar un resultado de los análisis de las osamentas que se encuentran en el Laboratorio de ADN.
Pagos.
Los 55 mil dólares serán pagados en cuatro partes, según el contrato.
El primer 30% se hará efectivo al momento en que se apruebe el contrato, luego un 15% se pagará cuando se entregue el primer informe, otros 15% cuando se dé el segundo informe, y el 40% restante cuando se presente el informe final.
Si el equipo de antropólogos incumple con lo estipulado, se les impondrá una multa que no supere el 10% del valor del contrato.
exentos de reclamos
- En el contrato se establece que el mismo se da por concluido si así lo exige el interés público, es decir, los familiares de las víctimas de la dictadura, y los especialistas no podrán reclamar.
