La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa entregó al Ejecutivo las observaciones y recomendaciones emitidas durante las consultas al contrato-ley que crea el Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.
El texto incluye las peticiones hechas en cuanto a la eliminación de las empresas de servicios en el CEMIS; la eliminación de los beneficios fiscales o equiparlos con la Zona Libre; definir la generación de empleos; el cobro de los impuestos municipales; cuantificar el costo que podría implicar al Estado indemnizar a quienes reclamen ser posibles dueños de las tierras a desarrollar.
En el informe precisa que "todos los sectores consultados entienden y consideran que bajo parámetros razonables, el concepto del Centro Multimodal puede ser considerado como un proyecto conveniente a los intereses nacionales en general y particularmente a Colón, siempre y cuando se ajuste el contrato a las condiciones establecidas en el pliego de cargos y aceptadas por el proponente y a los preceptos legales vigentes en la República de Panamá, a efectos de no hipotecar los intereses de las futuras generaciones ni poner en desventaja a similares actividades instaladas en la Zona Libre de Colón o la ciudad de Colón".
Entre las cláusula que se recomiedan ser modificadas están la segunda y tercera concernientes a definiciones e interpretaciones respectivamente, así como la cuarta que permitiría el establecimiento de restaurante, hoteles, salas de belleza, supermercados y otros en la parque industrial del CEMIS que han sido calificadas de lesivas para empresas establecidas en Colón.
Sobre el régimen laboral que se indica en la cláusula vigésima tercera se recogieron las opiniones de los trabajadores organizados que manifestaron su contra por la aplicación de la Ley 25 para todo el proyecto, y el de otras asociaciones que abogan para que este régimen de empleo sea aplicado solo en empresas de ensamblaje.
Igualmente, se cuestionó la cantidad y la indefinición de los empleos que generará el proyecto en sus primeros cinco años, sin conocerse si los mismos serán permanentes o temporales, si serán nuevos o transferidos por diferencias de beneficios en actividades comerciales similares en la provincia de Colón.
El documento entregado al Ejecutivo por el presidente de la Asamblea Legislativa Rubén Arosemena y el presidente de la Comisión de Comercio, Laurentino Cortizo, deja claro el desacuerdo del Municipio de Colón y el Consejo Municipal por la suma anual máxima de 50 mil balboas a pagar por el concesionario, tal como aparece en la cláusula vigésima sexta.
También se explican las propuestas presentadas por diferentes sectores en torno a la cláusula vigésima quinta sobre beneficios fiscales. Estas son: que se adopte lo establecido en el pliego de cargos de que solo el concesionario, sus afiliados y cesionarios puedan acogerse a los beneficios fiscales; que los usuarios del CEMIS no tengan los beneficios y que sean amparados en la legislación que rige la Zona Libre de Colón; que sea solo el concesionario al que otorgue los incentivos y que de darse éstos, se equipare a las empresas de la Z.L.C a los mismos que incluyan al CEMIS.
El informe entregado al Organo Ejecutivo contiene la preocupación de la comunidad científica y del Centro Regional Universitario por el daño irreversible al ecosistema de Isla Galeta, pidiendo que se respete la ruta Galeta y asegurar un área de amortiguamiento de 300 metros paralelos al camino entre la carretera y el proyecto y evitar destruir los manglares y los sistemas naturales de ríos y desagües para las especies marinas que sirven para sostener la economía costera de Colón y también de drenaje natural.
Se destaca la importancia única en el mundo que tiene Isla Galeta como centro científico y su gran potencial de turismo naturalista.
Las consultas reflejan además que abogados consideran que el concesionario y sus usuarios son sujetos de derechos y obligaciones radicados en la República de Panamá y no pueden ostentar ningún privilegio a las demás empresas y personas radicadas en el país.
Asimismo, se establece la posición de la sociedad civil de Colón y otras agrupaciones que se oponen a que el Estado venda el área de la concesión y de ser así que se haga por licitación pública donde el Concesionario tenga el primer derecho a compra bajo las mismas condiciones de la mejor oferta.
La Comisión de Comercio señala además que las modificaciones a las cláusulas del CEMIS deben ser también aplicadas a la concesión del aeropuerto de France Field en lo que le sean similares.
