La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional inició la deliberación de un proyecto de ley que impediría el despido de quienes resultaron afectados por el dietilenglicol y, además, pretende establecer la manera en que el Estado garantice su atención médica.
Después de semanas de consultas con los afectados, representantes del sector salud y autoridades judiciales, se redactó un texto que será sometido a consideración de los diputados.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dana Castañeda, explicó que hay tomar en consideración que las personas que fueron afectadas por este veneno, no lo solicitaron y que el Estado no puede rehuir su responsabilidad.
Uno de los artículos de la iniciativa establece que, tanto las instituciones como las empresas privadas, no podrán destituir o despedir a las personas por los padecimientos que se generen producto de este envenenamiento.
Ellos sólo podrán ser despedidas por causas justificadas y previa autorización de los juzgados seccionales de trabajo.
También se dispone que la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud deben establecer la estructura para garantizar la atención médica de los sobrevivientes.
Se propone la creación de un Centro de Atención Integral a las víctimas del envenenamiento.
