Raquel María Bravo, de 73 años, se convirtió ayer en otra de las víctimas fallecidas por el envenenamiento con dietilenglicol.
Según Gabriel Pascual, del Cómite de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, la señora Bravo representa para ellos la víctima número 758; mientras que para el Gobierno es solo la 145.
Aseguró que la Corte Suprema de Justicia aún no se ha pronunciado en cuanto a los 123 expedientes que mantiene sobre este caso, por lo que reiteró que estos expedientes se deben devolver al Ministerio Público para que se amplíe su investigación.
Mientras tanto, la magistrada de la Corte Suprema, Esmeralda Troitiño, explicó que la investigación tiene que culminar para determinar entonces si son o no culpables las personas que están siendo investigadas.
Afirmó que regresar los expedientes al Ministerio Público lo único que conllevaría sería dilatar más el proceso judicial.
