Un recurso de nulidad contra todo lo actuado por el fiscal electoral, Gerardo Solís, dentro del proceso por el cual se multó con B/.10 mil a Editora Panamá América (EPASA), por el supuesto incumplimiento de las normas para la publicación de encuestas de opinión, fue presentado ayer ante el Tribunal Electoral.
El representante legal de EPASA, Octavio Amat, solicitó en su recurso a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) declarar la nulidad de todo lo actuado, bajo el argumento de que el proceso de multa por falta administrativa, no puede ser iniciado de oficio por el fiscal electoral.
Dentro del recurso se establece que el artículo 354 del Código Electoral dispone que los procesos sólo podrán abrirse a petición de parte afectada, salvo los casos en que se autorice o se promueva de oficio como se da en la impugnación de postulaciones y de adherentes.
A la vez establece que es evidente que el proceso en cuestión no fue iniciado por denuncia de parte afectada, conforme lo exige el artículo 494 del Código Electoral y que el presente proceso debió iniciarse previa denuncia de parte afectada y no de oficio por el fiscal electoral, cuyo papel debe limitarse a recibir traslado de la denuncia presentada.
También dentro del recurso se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Tribunal Electoral que promueva una reunión inmediata con las empresas involucradas a objeto de aclarar los mecanismos legales para la publicación de futuras encuestas.
Por otro lado, se pidió la inmediata preparación de un reglamento que aclare cualquiera de los puntos dudosos que puedan existir en la actual regulación de las encuestas.
Al mismo tiempo explica que a la luz de las normas legales vigentes es fácil advertir que el actual proceso requería la denuncia de parte afectada.
Señala que sólo una vez iniciado el proceso tras la presentación de la denuncia respectiva, procedía el traslado al fiscal electoral, pero de ningún modo éste podía iniciar de oficio la investigación.
