El ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, afirmó q ue la resolución que exonera a la empresa Panamá Port Company (PPC) del pago de impuestos al Estado fue basada legalmente en la Ley 2 de 1996 que se encuentra vigente.
Agregó que se debe esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia sobre la equiparación en favor de la PPC y aseguró que su actuación administrativa fue en aras de que se diera una gran inversión en uno de los sectores más importantes de la economía nacional, acción que se está desarrollando actualmente.
Mientras que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, explicó que la resolución que autoriza la equiparación tiene bases legales, si se toma en cuenta que el contrato establece una norma que permite este beneficio.
Dijo que mediante un análisis hecho a la demanda contencioso administrativa presentada en la Corte contra esta equiparación, consideró que existe base legal para la exoneración a PPC.
El Ministerio de Comercio e Industrias emitió el pasado 13 de mayo del 2002 la resolución No. 14 suscrita por el ministro Joaquín Jácome, que eliminó dos cláusulas del contrato que obligaban a PPC pagar al Estado B/.22.2 millones anuales durante 45 años, así como el 10% de sus ingresos brutos.
Este documento será enviado al presidente electo, Martín Torrijos, quien debe determinar si se continúan las conversaciones en busca de alternativas rápidas al grave problema por el que atraviesa la CSS.
En lo que respecta a Riesgos Profesionales, se dejó terminado un anteproyecto de ley, que consta de 104 artículos, que están consensuados, agregó la representante del PNUD.
A solicitud del Gobierno Nacional, el Diálogo Nacional por el Seguro Social fue convocado por el PNUD en agosto de 2001 y la última sesión plenaria se celebró el 18 de agosto de 2003.