La presidenta Mireya Moscoso no quiso ayer emitir comentarios sobre la posible equiparación a Manzanillo International Terminal (MIT), aunque aclaró que si hay la oportunidad y se lo merece, también se darían beneficios.
"No voy a hacer comentarios, porque no lo he visto y eso tiene que ser presentado ante las autoridades competentes y luego al Consejo de Gabinete", apuntó.
Sin embargo, al ser interrogada si se podía dar la oportunidad a Manzanillo, Moscoso adelantó "que si hay la oportunidad y lo merece, claro que se le daría también".
En tanto, el segundo vicepresidente, Dominador Kaiser Bazán, indicó que es lógico que si por un lado mejoran las condiciones a Panama Ports, la otra empresa portuaria también va a pedir el mismo derecho.
Mientras que el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Jerry Salazar, dejó entrever que el Estado debe asumir ciertos "costos" para mantener la competitividad, en alusión a la petición de equiparación que hizo la MIT.
Salazar manifestó que por el momento no debe intervenir en el asunto de la nueva equiparación solicitada por la empresa Manzanillo International Terminal, pero tan pronto se hagan las consultas "estaremos dispuestos a ayudarlos".
Por otra parte, la forma "descarada" como el Gobierno está cometiendo actos de corrupción pone en peligro la democracia, advirtió ayer el Dr. Ricardo Arias Calderón, ex vicepresidente de la República. "Yo ayudé a construir la democracia panameña y temo por ella si continuamos por el camino que vamos", manifestó Arias Calderón al denunciar que "la sensatez y el sentido común nos dicen que en Panamá se están dando actos de corrupción donde están involucrados altos personeros del Estado".
El opositor denunció que el sentido común lleva a pensar que "hay un intercambio clandestino de favores", cuando un contrato ley de la República se altera por decisión de un ministro para eximir a una compañía de pagar B/.32 millones anuales al Estado, lo que significa que en 45 años, suman B/.1,000 millones exonerados.
Al respecto el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Carlos González Ramírez, indicó que en Panamá se debe aplicar lo que diga la ley en materia de equiparación, si es permitido que se haga de lo contrario que no se otorgue nada a Manzanillo. "Lo más importante para el país es el desarrollo del sector marítimo y aquellas medidas que signifiquen el desarrollo de la posición geográfica son las apropiadas siempre dentro del marco de la ley", recalcó.
La empresa MIT reclamó al Ministerio de Comercio e Industria (MICI), entre otros beneficios, que se le reconozca un crédito por todas las inversiones efectuadas, las cuales oscilan en unos 300 millones de balboas, aproximadamente. Tal petición surgió el 23 de abril del 2002, veinte días antes de que el MICI concediera a Panama Ports Company (PPC) -Hutchinson- la equiparación de sus operaciones con las de Colon Container Terminal. El Gobierno concedió la equiparación el 13 de mayo del 2002.
Ningún puerto en Panamá ha recibido créditos de parte del Estado por las inversiones realizadas. A través de una misiva dirigida al ministro de Comercio, Joaquín Jácome, el director general de MIT, David L. Michou, establece que si el Gobierno aprobaba lo que en ese momento era la solicitud de equiparación presentada por la PPC, Manzanillo solicitaba un crédito en busca de condiciones competitivas.
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