Según Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, las empresas que se encargan de las ventas de los equipos, no tienen la obligación de bajar sus precios ya que son libres de vender de acuerdo a la oferta y demanda sus estándares y la competencia.
"La ley les otorga a quienes adquieren estos equipos, un crédito fiscal que se encuentre entre los 500 ó 600 dólares promedio", manifestó.
Sin embargo, para Fletcher esto puede representar una baja en su economía ya que si el nivel de facturación al mes es de 800 dólares, y deben hacer la compra de los equipos, no pueden cubrir con los gastos de servicios públicos, planilla, entre otros. Agregó que una vez adquirido el equipo, los empresarios deben hacerse cargo del mantenimiento, los estándares que les plantea la DGI y verificación que la ley exige.
La Dirección General de Ingresos (DGI) no tiene modelos previamente establecidos para los locales o establecimientos porque cada comercio escoge el equipo de acuerdo a su propia necesidad, esto dependiendo si está obligado a adquirir un equipo fiscal que está conformado por una caja registradora y una impresora -para grandes empresas- o una impresora fiscal conformada por una caja registradora -para microempresario-.
Fletcher mencionó, que aún no han recibido indicios de cómo puede afectar éstos costos a los consumidores. "Quizás suban momentaneamente sus costos en algunos productos, pero cada comercio puede aplicar el estándar que requiera", sostuvo.
Según un monitoreo que realizó Panamá América confirmó la existencia del encarecimiento en la mayoría de los modelos de las impresoras que cuentan con la autorización de la Dirección General de Ingresos (DGI).
