No obstante, dijo que el Gobierno está tomando acciones graduales como la reglamentación de tránsito mucho más estricta, los operativos y un proyecto de ley, que aunque ha tomado mucho tiempo, dará más seguridad a los usuarios.
Pero esto no satisface al Movimiento 23 de Octubre porque las inspecciones deben ser permanentes, para sacar de circulación a buses que jamás debieron mantener la concesión para transportar seres humanos y menos, si se trata de conductores que no están capacitados.
Por otro lado, Cañizales advirtió que las sanciones a los estudiantes revoltosos se tienen que cumplir y que los padres de familia deben pagar los daños ocasionados por sus hijos.
Agregó que dentro de los acuerdos firmados se estableció que el estudiante mayor de edad que participe en hechos vandálicos será trasladado a la nocturna.
En cuanto al Instituto Nacional, Cañizales recordó al rector, Juan Daniel y a la comisión de disciplina, que la sociedad está esperando las sanciones a los estudiantes.
Adicional a lo reportado en el Ángel Rubio, tres días de protestas estudiantiles costaron más de B/.12 mil y una semana de clases perdida.
Esto se desglosa en B/.800 reportados por la Universidad de Panamá (daños de vehículos estacionados en los predios del campus, lámparas de las paradas, puertas y ventanas de vidrio), otros B/.7 mil en los alrededores del Artes y Oficios (lo que incluye B/. 2 mil de la barbería vandalizada).
Igualmente B/. 2, 500 más de la compañía Eupan, encargada del mobiliario urbano (las vallas de vidrio) y B/.2 mil a lo interno del Instituto Nacional.
