El representante legal de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos el pasado 23 de octubre de 2006, Carlos Gavilanes lamentó que el Gobierno Nacional no se haga responsable por el trágico accidente.
"Me parece que ha sido un irrespeto por parte del ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu al afirmar en una entrevista que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad con los sobrevivientes y los familiares de la tragedia", indicó.
Sostuvo que ellos solicitan un acercamiento con el Gobierno para llegar a un acuerdo y brindarle una ayuda humanitaria a los afectados. "Ni las víctimas, ni los abogados están detrás de sumas millonarias, aquí estamos para pedir justicia", añadió.
"Consideramos que el presidente de la República no esta siendo debidamente asesorado, por lo que afecta a los sobrevivientes y familiares de las víctimas", agregó.
El pasado 19 de abril la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y el Estado Panameño no son responsables al pago de diez millones de dólares (B/. 10,000,000.00), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados por la muerte de la señora Rosa Rodríguez Vargas (Q.E.P.D) en el incendio de autobús 8B-06 de la ruta Corredor-Mano de Piedra.
