Escándalo CEMIS divide a la Corte

El caso CEMIS divide a la Corte Suprema de Justicia. Una prueba de ello, es que la mayoría de los magistrados pidió el sobreseimiento del procurador José Antonio Sossa por investigar las cuentas bancarias de los legisladores, pero con el salvamento de voto de dos, que estimaron que el funcionario sí debió ser indagado.
Los magistrados que salvaron el voto fueron los polémicos Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
La demanda en contra de Sossa fue interpuesta por el legislador arnulfista, Jacobo Salas, quien lo acusó ante la Procuraduría de la Administración por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, luego de haber ordenado la revisión de todas las cuentas bancarias de los 71 legisladores, sin haberles formulado cargo alguno.
Siete de los magistrados estimaron que la actuación de Sossa se enmarcó dentro de las facultades legales que le confieren las normas de la Constitución Nacional y que las pruebas aportadas por el legislador Salas no permitieron comprobar directa ni indirectamente la conducta ilícita que se le atribuye.
También consideraron que en este caso el procurador y los demás integrantes del Ministerio Público tienen el deber constitucional de vigilar la conducta de los servidores públicos y perseguir los delitos, por lo que bajo esta premisa no puede considerarse que el querellado haya incurrido en una conducta arbitraria.
No obstante, los magistrados Spadafora y Cigarruista opinaron que Salas sí aportó las evidencias en este caso y que al momento de oficiar la providencia, por la cual se ordenó el análisis de las cuentas bancarias a los legisladores, Sossa carecía de prueba alguna que vinculara a este legislador con el escándalo del CEMIS.
El caso CEMIS estalló cuando el legislador perredista, Carlos Afú, denunció que recibió el pago de sobornos, al igual que varios de sus colegas, por su voto a favor de la aprobación del proyecto de ley que crea el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios en Colón.
Según los magistrados Spadafora y Cigarruista, el análisis de la denuncia presentada por Salas lleva a la conclusión de que existían pruebas suficientes para acreditar el hecho punible y para comprobar la vinculación del procurador en la comisión de los delitos contra la administración pública y abuso de autoridad.
A la vez señalaron que Sossa inició el análisis de las cuentas bancarias sin investigar previamente qué legisladores habían participado en la votación para la aprobación del contrato CEMIS.
A juicio de ambos, en esta causa penal existían bases suficientes para ordenar una ampliación de la investigación y proceder a tomarle declaración indagatoria al procurador Sossa.
El jefe del Ministerio Público, además del caso CEMIS, investiga la presunta comisión de delitos en la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.