"Entiendo que hay una investigación en curso, es un tema del Ministerio Público", reveló Vargas.
En este sentido, el nuevo director de la entidad se refirió a un expediente donde una exfuncionaria está siendo investigada por participar en una presunta red de negociado de visas durante la pasada gestión de Migración.
Aclaró que la Dirección de Migración no ha presentado ningún tipo de denuncia formal en la Procuraduría en ninguno de los dos casos, entre éstos, la que se lleva a cabo a la exfuncionaria y por el otorgamiento de 85 visas a personas de nacionalidad restringida, que son dos temas diferentes.
Dijo que la investigación y auditoría a nivel administrativa que se realiza en la entidad están vinculadas por no guardar los presupuestos de seguridad establecidos y que los casos ascienden a 85 visas.
"No significa que en estos casos se pueda revisar alguno de ellos", explicó Vargas.
De este grupo de 85 visas anuladas como medida administrativa se encuentran documentos de ciudadanos de China e India.
Vargas explicó que la conversación con la procuradora se basó en el mejoramiento de la coordinación y los niveles de comunicación entre las instituciones que tienen que preservar el tema de seguridad apegados a las normas legales.
Según Vargas, con la investigación administrativa se pretende determinar si existió un acto de corrupción en el otorgamiento, en poco tiempo, de las visas.
"De encontrar anomalías que corroboran un acto de corrupción en estos trámites, pondré el caso en manos de las autoridades competentes", insistió.
El funcionario dijo que analiza supuestas anomalías cometidas en administraciones anteriores y no precisó que fuera exclusivamente en el período de Ramón Lima.
El director de Migración reiteró que la investigación administrativa que realizan sobre la expedición de 85 visas para nacionalidades restringidas continuará, pese a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en torno a una supuesta red que opera en la entidad.
Vargas dijo que no tenía mayores elementos sobre las investigaciones que adelanta la Procuraduría por el supuesto negociado de visas, toda vez que se trata de un proceso diferente al que realiza la entidad.