Sí, así fue. Cada partido político que subsistió en el pasado torneo electoral (siete en total) recibió una determinada cantidad de dinero en concepto de subsidio electoral, siendo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) el colectivo que más recibió, con un total de B/. 3 millones 138 mil 362.
Le sigue el Partido Arnulfista, con B/. 2 millones 860 mil 142; el PDC (ahora Partido Popular), con B/. 1 millón 98 mil 472; el MOLIRENA, con B/. 1 millón 90 mil 363; Liberal Nacional, B/. 280 mil 427; Cambio Democrático, B/. 280 mil 427; y Solidaridad, con B/. 182 mil 898.
El TE también entregó a los candidatos electos por libre postulación la cantidad de B/. 259 mil 373.
¿Pero sabe usted qué es el subsidio electoral, cuál es su finalidad y quién supervisa su correcta ejecución?.
El subsidio electoral es una figura que se incorpora a las leyes de la República de Panamá en 1997, pero no es sino hasta 1999 cuando empieza a regir. Concebido como un mecanismo para fomentar la participación política, el Estado es el único aportador al subsidio, para lo cual destina el uno por ciento de sus ingresos corrientes recaudados el año previo al torneo electoral.
Cabe destacar que el subsidio electoral se divide en dos partes: el pre electoral (40% de total del subsidio) y el post electoral (el 60% restante). Ambos pagos en el último torneo electoral hicieron un total de B/. 15 millones 348 mil 998, que, de acuerdo con las estimaciones del TE, deberá incrementarse a B/. 17 millones para los próximos comicios.
Del gran total del subsidio pre electoral, las autoridades del TE destinan un 10% para las convenciones y el otro 30% para el gasto de propaganda. Este desembolso que se hace previo a las elecciones es entregado de manera equitativa a todos los partidos políticos que presenten sus postulaciones para presidente y vicepresidente de la República.
Siendo así, y para el caso de las elecciones de mayo de 1999, el subsidio pre electoral, que en esa fecha fue de B/. 6 millones 158 mil 198, se repartió entre los 12 colectivos existentes, correspondiéndole a cada uno poco mas de medio millón de dólares.
222Según el Tribunal Electoral, los dineros del subsidio son muy bien auditados.
Para el caso del subsidio post electoral, sólo repartido entre los partidos que obtuvieron el 5% de votos para cargos de presidente y vicepresidente, la distribución dependerá de los votos que haya obtenido cada colectivo.
Las normas del TE establecen los porcentajes como serán distribuidos y los objetos de gastos a los que serán destinados. Estos son: Oficina del partido (obligatorias en todas las cabeceras de provincia y comarcas), capacitación política de los miembros del colectivo (el 25% del total del subsidio que se entrega por año), elecciones internas del partido (hasta un 15%), y otros gastos, incluyendo un ahorro cuyo porcentaje no superará el 10% de la partida anual que reciba el colectivo.
Sobre el nivel de transparencia y el uso adecuado de estos recursos, que a fin de cuenta son pagados por los contribuyentes, representantes de la Dirección Nacional de Organización Electoral expusieron que el manejo es minuciosamente revisado, además de que todos los desembolsos que son hechos se hacen contra facturas.
"El examen de las cuentas es tan riguroso que no hay posibilidad de que se dé un maquillaje. Porque, por ejemplo, para el caso de los gastos de oficina de los partidos, ellos deben llenar una especie de planilla donde con detalle e incluso la firma de la persona en que labora en el colectivo", expuso la fuente.
Indicó que se han dado casos donde los informes no satisfacen los requerimientos de los funcionarios del TE, en esa circunstancia toda la información es remitida nuevamente al colectivo para que haga la debida corrección.
"Inicialmente el proceso era un poco difícil para los partidos, pero con el tiempo ha mejorado significativamente, expuso.
De acuerdo con la fuente, si bien el subsidio electoral es de gran ayuda para los partidos políticos, su porcentaje dentro del presupuesto de los colectivos es minoritario. "No por ello deja de ser una ayuda muy jugosa", acotó.
Por otro lado, las condiciones de pobreza en la que se ven sumidos una gran cantidad de niños y adolescentes del país, así como el proceder de familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la maternidad o paternidad precoz, abuso sexual, psicológico o físico, la adicción a las drogas, son entre otros, los factores de riesgos que llevan a los niños y niñas a entrar en el mundo de la explotación sexual comercial.
En los países centroamericanos y Panamá existe una gran cantidad de niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y que sumado a un sistema de protección muy frágil, puede que se estén dando redes de tráfico de infantes, una de las modalidades de la ex-plotación sexual comercial.
El mecanismo es que muchas niñas y adolescentes son trasladadas a otros países con el engaño de conseguir para ellas una mejor vida, estudios o condición económica, cuando en realidad van a ser forzadas,utilizadas y explotadas sexualmente.
Precisamente, en el estudio sobre Panamá se hace una breve reseña de una dominicana que a los 14 años empezó a cobrar por favores sexuales. Hoy a los 17 años no solo sigue en ese espantoso mundo sino que consume constantemente alcohol y drogas, y mantiene una relación lesbiana.
Usualmente los explotadores que utilizan a los niños y niñas para relaciones sexuales remuneradas, son personas comunes e incluso respetadas por la sociedad, son de todos los niveles de poder adquisitivo y políticos, que difícilmente pueden ser vinculamos con esa actividad, dijo Dawson. En Panamá se hace necesario la revisión de la normativa en materia de delitos sexuales, concluye el estudio realizado por la OIT a través del IPEC.
Dawson señaló que en algunas legislaciones específicas de cada país no se establecen sanciones para las personas que están inmersos en la red de pornografía infantil. Puso como ejemplo a los que filman los videos pornográficos infantiles.
Señaló que para revisar la normativa en Panamá, todos los sectores involucrados deben sentarse a discutir, porque en el caso de niñez y adolescencia no se trata sólo de prostitución y explotación, sino que por estar en un proceso de desarrollo son mucho más vulnerables que una persona adulta.
Exhaustivamente debe ser revisado lo que tiene tipificado el Código Penal como delitos sexuales, en donde no se incluye el delito de explotación comercial sexual de la niñez y adolescencia.
Aunque ya hay algunos anteproyectos de reformas al Código Penal o propuestas nuevas, no se ha trabajado específicamente sobre la explotación sexual comercial infantil. Dawson señaló que en la Asamblea Legislativa, la Procuraduría de la Nación, el MIMNJUNFA y la Policía Técnica Judicial ya tienen algunas propuestas, pero lo ideal sería que todas las instituciones que están relacionadas con el tema se sienten a conversar y en consenso se establezca una sola reforma a las normas. Dentro del proyecto de visualización de la realidad de la explotación comercial infantil, se programan una serie de actividades en la que se les da participación a los medios de comunicación.
Esto tiene como finalidad hacerle las recomendaciones pertinentes a los periodistas y medios de comunicación sobre cómo debe ser el abordaje de los temas de explotación sexual comercial de menores de edad.
Cabe destacar, que en el mes de marzo la IPEC/OIT en conjunto con el Colegio de Periodistas tendrá un seminario que versará sobre este tema.
Por otro lado, Dawson destacó que el programa nacional, que tendrá una duración de tres años, se trabajará con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, fundamentalmente con el MIMNJUNFA y específicamente las direcciones de Niñez y Juventud.
Pero todo este programa no tendría su objetivo primordial, si no se trabaja paralelamente en el proceso de reforma de la legislación, adecuándolo y evitando que esos niños y niñas vuelan a ser explotados, aplicando las debidas sanciones a los explotadores.
Una vez se dé el proceso de consenso y se tenga una política clara en la materia, se estará diseñando un Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.
Dawson indicó que no solo se trata de formular en consenso un plan, sino ejecutarlo. Destacó que este es el mayor problema que se ha encontrado en países de la región como: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En estos países, aunque ya se cuenta con la legislación y con un plan nacional contra la explotación comercial infantil, la falta de un presupuesto es uno de los tropiezos para su ejecución.
La entrevistada destacó que los periodos electorales y presidenciales también constituyen en obstáculos para la mayoría de los programas y planes que se tienen en la región. "Cuando no hay un buen entendimiento de la importancia del seguimiento de los procesos, se corre el riesgo de que los planes sean engavetados por los gobiernos posteriores. Destacó que esas son situaciones que se quieren evitar en Panamá.
A mediados de este año se tiene programado que todas las instituciones y la sociedad tengan un nivel de conocimiento y sensibilización de la temática, para posteriormente sentarse y plantearse un plan estratégico de acción.
