El 21 de mayo de 2002, un escándalo periodístico sacudió Panamá. Los comunicadores sociales Blas Julio y Alonso "Bucho" Pinzón eran acusados del presunto delito de extorsión en perjuicio del empresario de la Zona Libre de Colón, Abdul Waked.
Autoridades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) los detuvieron y desde entonces Julio permanece en la cárcel La Joya.
Pero, las acusaciones no quedaron allí. Unas declaraciones de los detenidos a una emisora radial provocaron una segunda acción legal en su contra: calumnia e injuria contra la misma persona.
De acuerdo con Alberto Mendoza, uno de los abogados de Julio y Pinzón, ya existe un borrador del veredicto, por lo que se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá.
Las pruebas que pesaron sobre los periodistas se basaron en una grabación y filmación de la reunión de aquel día con Waked, quien supuestamente entregó un dinero a los acusados.
Al respecto, Luis Carlos Cabezas, representante legal de Waked, asegura que está comprobado que los "señores Julio y Pinzón mancharon el nombre, el prestigio y honestidad de su defendido".
Cabezas opina que a Julio se le ha querido victimizar cuando en realidad él es "el agresor".
Sin embargo, Alberto Mendoza, abogado de los acusados, tiene otra opinión. Sostiene que las pruebas presentadas por la parte querellante no pueden ser válidas, ya que fueron "preparadas".
El abogado Alberto Mendoza espera que a más tardar en diciembre el presidente de la República, Martín Torrijos, dentro de los términos de la ley, inste a las autoridades judiciales para que otorguen una medida cautelar basada en la condición de salud de Julio.
Por otro lado, el jurista considera que el caso por el presunto delito de calumnia e injuria, los argumentos aportados no revisten las condiciones de idoneidad para demostrar la existencia del delito contra el honor, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 A del Código Penal, que también concuerda con el artículo 173 del Decreto Ejecutivo 189 del 13 de agosto de 1999, menciona el defensor.
Cabe recordar que originalmente ambos acusados fueron absueltos por el Juzgado Undécimo Penal, pero la parte querellante apeló ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que consideró que sí habían méritos para enjuiciarlos.
En el caso de extorsión, existe actualmente un proceso pendiente. Los abogados defensores interpusieron una apelación en la que solicitan que tanto Waked como su abogado Cabezas contesten en la audiencia de fondo si en realidad hubo extorsión. Una vez resuelta esta apelación se establecerá la fecha del juicio.
Además del recurso de apelación, la parte defensora presentó una solicitud de medida cautelar para Julio.
La petición se basó en su delicada situación de salud, pero sólo fue admitida para Pinzón, quien recibió este beneficio en el año 2002.
Para el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Vargas, a pesar de que las autoridades del centro penitenciario afirman que la atención de salud a los reos se puede brindar en las cárceles, se constató que el sistema de salud de este lugar no cuenta con el equipo indispensable para casos de emergencia y además faltan medicamentos.
Vargas explicó que Blas Julio, por ejemplo, sufre afecciones cardiacas que han motivado su traslado de urgencia a los hospitales Santo Tomás y de Chepo y en esta prisión no hay ambulancia.
El primer adjunto del Defensor del Pueblo, señaló que de acuerdo a informes proporcionados, Julio sufre de hipertensión arterial, problemas en una de sus rodillas, lo que lo ha obligado a utilizar muletas para caminar.
Adelantó que la Defensoría del Pueblo está próxima a formular unas recomendaciones al gobierno. "Nosotros no estamos en este caso para solucionar el problema jurídico, ya que eso le corresponde a los tribunales. Lo importante es que se respeten los derechos, su salud, su dignidad y que en el juicio se cumplan con todas las garantías fundamentales", señaló el funcionario.
Pidió que el Estado en su conjunto dedique mayores esfuerzos en la salud de la población penal, tal como lo establece la Ley 55, que reorganiza el sistema penitenciario.
El artículo 62 de esta ley indica: "El Estado garantizará, a través del Ministerio de Salud y en coordinación con el Ministerio de Gobierno y Justicia, que todo centro penitenciario cuente con los servicios de salud, psicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, farmacia, laboratorio, paramédicos y ambulancia y con el personal de salud necesario.
Dijo también que corresponderá a un médico general estar al tanto de todo y sobre él pesará la responsabilidad de la salud de los privados o privadas de libertad, por medio de las clínicas penitenciarias.
"Actualmente sólo hay nueve médicos para más de 11,500 presos en todas las cárceles panameñas. El exceso de reos provoca la propagación de enfermedades. Urge que el Estado tome control de la situación".
Actualmente los comunicadores sociales Blas Julio y Alonso "Bucho" Pinzón están a la espera del veredicto del juicio celebrado por el caso de calumnia e injuria en contra del empresario Abdul Waked. Esta audiencia la efectuó el Juzgado Undécimo Penal.
Igualmente, el Juzgado Quinto de Circuito Penal está esperando que el Segundo Tribunal Superior de Justicia emita su decisión en cuanto a una apelación presentada por la defensa de los acusados para posteriormente dar la fecha del juicio por el presunto delito de extorsión.
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