Pese a que la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que crea la "justicia sin papel", fue admitida por la Corte Suprema de Justicia, se está a la espera de la opinión solicitada a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez.
La demanda presentada por el abogado Hernán Arbués Bonilla, ante la Corte, establece que la "justicia sin papel" viola el Artículo 201 de la Constitución Nacional, que señala que la gestión y actuación de todo proceso será en papel.
A través del artículo 1 de la Ley 15 de 7 de febrero de 2008, denominada "justicia sin papel", se adoptan las medidas para la informatización de los procesos judiciales.
Bonilla recordó que existe una advertencia constitucional, que señala la prohibición de la Asamblea Nacional, en la expedición de leyes que contraríen la letra o espíritu de la Constitución.
La denuncia fue acogida por el magistrado de la Corte Suprema, Oydén Ortega.
El dictamen de Gómez, de si la demanda es viable o no, se tomará en cuenta.