Esperanzas en que decisión de la Corte cambie

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó que el Código Judicial le "impide" dar su opinión sobre los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero a pesar de ello, dijo que "aún tiene esperanzas porque no es una decisión final".
Consideró que no se debe catalogar como un "revés" los últimos fallos de la Corte porque tienen fundamentos jurídicos.
"Yo no puedo emitir mi opinión respecto al tema porque soy miembro del Ministerio Público y la ley me lo prohíbe", reiteró.
Explicó que los panameños "deben esperar" porque son acciones contempladas en la Ley, pero no es el "final de las cosas".
Cabe señalar, que la CSJ recientemente concedió un amparo de garantías constitucionales en favor de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), el cual ha generado opiniones "adversas".
En ese sentido, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Carlos Vásquez, explicó que es una "decisión provisional" dentro del trámite de la acción de amparo de garantías constitucionales.
"Nos sorprendería si este caso no se dilucidara en los términos previstos en el Código Judicial, que es de dos días en materia de amparos", sostuvo Vásquez.
Sobre la decisión de la CSJ de ordenar la suspensión "inmediata" de las investigaciones sobre el uso de las partidas discrecionales seguidas a los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares (1994 - 1999) y Mireya Moscoso (1999-2004), Vásquez dijo que el CNA desconoce si se cumplió "cabalmente" con las disposiciones constitucionales y legales de la materia.
El abogado manifestó que "no se debe" hablar de partidas discrecionales porque no existen en el Estado.
"Lo que hay son partidas de asignaciones globales del presupuesto general del Estado, que deben ser justificadas ante el ciudadano común", sentenció.
Reiteró que el pleno de la CSJ tiene en última instancia que valorar si se vulneró algún tipo de "derecho subjetivo" de la Contraloría General de la República, en la investigación requerida a un ex mandatario de la República.
A juicio del jurista, cuando no se permite una información directa, se lesiona el Estado de Derecho y por ello, la decisión de la CSJ es un tropiezo a lo que "la ciudadanía esperaba".
Agregó que en el tema de la lucha contra la corrupción, la Corte debe abocarse "al conocimiento de éste y otros casos", donde se involucra a muchos ex funcionarios que no pudieron justificar sus patrimonios al salir de las funciones que le fueron encomendadas.