La propuesta, que fue aprobada en primer debate de manera unánime el pasado miércoles por la Comisión de Educación, fue devuelta el pasado jueves al pleno legislativo y se espera que mañana aparezca en el orden del día para iniciar su discusión lo más pronto posible, expresó Blandón Figueroa.
Indicó que contrario a lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias, en las que se presentaron diversos desacuerdos, ahora se ha logrado un mejor ambiente que ha permitido llegar a un consenso con todos los actores del Diálogo Nacional por la Educación, así como con los legisladores de gobierno y de oposición.
La propuesta, que será sometida a discusión del pleno legislativo, es producto de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación, después de más de 10 meses de discusión.
A través del proyecto de ley se modifican varios artículos de la Ley 47 Orgánica de la Educación Nacional.
El punto central del proyecto de ley está en la creación de trece regiones escolares y cinco comisiones de selección de personal, instancias que se encargarán de regir, desde cada provincia o región escolar, los asuntos que ahora son controlados desde la capital del país en la sede central del Ministerio de Educación, a fin de agilizar el sistema educativo.
Según lo establecido en el proyecto de ley, en cada región escolar funcionará una unidad descentralizada del Ministerio de Educación con plena autonomía funcional y administrativa, que será responsable de la ejecución de las políticas educativas nacionales y regionales.
Sostuvo que el objetivo del gobierno es tratar solamente las aguas domésticas, porque cada industria o empresa deberá contar con plantas de tratamientos, e igualmente tiene interés de comenzar por las áreas más densamente pobladas, la cual va desde las Bóvedas hasta el Río Matasnillo, con el objetivo final de que la gente pueda volver a bañarse en las aguas de la Bahía de Panamá. Pareciera que el gobierno panameño no ha llenado las expectativas de los ciudadanos sobre la limpieza de la Bahía de Panamá, que hasta el momento y pasados tres años, no han visto resultados concretos sobre este promocionado proyecto de envergadura, dijo el alcalde de la ciudad de Panamá, Juan Carlos Navarro.
"Ese es el problema, el gobierno puede tener en un momento dado el interés, pero en tres años hemos visto que no se ha hecho físicamente nada en el terreno", declaró Navarro.
Agregó que apenas el pasado lunes, en las esferas gubernamentales se han recibido las propuestas para diseñar los planos del Sistema de Alcantarillado y de las Plantas de Tratamiento de Agua para la ciudad capital.
"Lamentablemente, ha habido un gran atraso del gobierno en este tema a lo que hay que sumarle su situación fiscal que pareciera indicar que la perspectiva de cumplir con esta responsabilidad no es la mejor", sentenció Navarro.
Recordó que desde 1973 no se ha construido nuevo alcantarillado en la ciudad capital, lo que es una omisión grave porque atenta contra la salud pública de los ciudadanos, toda vez que los 8 ríos principales y 64 quebradas de la urbe capitalina, aunque cada día se contaminan menos por desechos, sí se agudiza el problema por las aguas negras.
Según Navarro, al inicio de su gestión como alcalde capitalino, planteó en conjunto con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), luego de un seminario internacional con expertos internacionales sobre el tema, una propuesta concreta al gobierno para que permitiese a los municipios del área metropolitana, San Miguelito, Panamá, Arraiján, La Chorrera y Colón, asumir la responsabilidad de construir alcantarillados, tratar las aguas negras y cobrar por este servicio.
"Pero en tres años no se ha avanzado a la velocidad que se esperaba y la bahía está más contaminada que nunca. Hace falta es pedirle al gobierno que agilice los trámites que realiza y defina de una vez por todas, cuál va a ser el diseño que utilizará para agilizar la inversión en alcantarillado y en plantas de tratamiento", señaló Navarro.
Añadió que siempre y cuando la propuesta de gobierno cumpla con las expectativas en cuanto a especificaciones científicas, técnicas y financieras, la alcaldía de Panamá con mucho gusto la respaldaría, de lo contrario mantendría vigente su iniciativa de llevar adelante los trabajos de saneamiento.
"Lo importante no es quién limpia la Bahía de Panamá, sino que se haga y en tres años, lamentablemente el responsable, que es el gobierno, no ha llenado las expectativas de los ciudadanos pues no hemos visto hasta ahora ningún resultado concreto", dijo Navarro.
Según Navarro, al inicio de su gestión como alcalde capitalino, planteó en conjunto con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), luego de un seminario internacional con expertos internacionales sobre el tema, una propuesta concreta al gobierno para que permitiese a los municipios del área metropolitana, San Miguelito, Panamá, Arraiján, La Chorrera y Colón, asumir la responsabilidad de construir alcantarillados, tratar las aguas negras y cobrar por este servicio.
"Pero en tres años no se ha avanzado a la velocidad que se esperaba y la bahía está más contaminada que nunca. Hace falta es pedirle al gobierno que agilice los trámites que realiza y defina de una vez por todas, cuál va a ser el diseño que utilizará para agilizar la inversión en alcantarillado y en plantas de tratamiento", señaló Navarro.
Añadió que siempre y cuando la propuesta de gobierno cumpla con las expectativas en cuanto a especificaciones científicas, técnicas y financieras, la alcaldía de Panamá con mucho gusto la respaldaría, de lo contrario mantendría vigente su iniciativa de llevar adelante los trabajos de saneamiento.
"Lo importante no es quién limpia la Bahía de Panamá, sino que se haga y en tres años, lamentablemente el responsable, que es el gobierno, no ha llenado las expectativas de los ciudadanos pues no hemos visto hasta ahora ningún resultado concreto", dijo Navarro.
Según Rodríguez, el problema radica en que las directivas no cuentan con la capacitación suficiente para conocer sus derechos y cumplir así con los deberes. (liderazgo, control de fondos, movilización de recursos etc). Explicó Rodríguez que existen hoy día más de 15 denuncias fundamentadas sobre malos manejos de fondos. Los fondos manejados por las directivas oscilan entre los B/ 3.000 y hasta los B/ 80.000
Las pérdidas que se han producido superan los B/ 250.000.
Sucede que los abogados que pusieron las denuncias de las asociaciones, cometieron el error de presentarlas como peculado, figura jurídica que no procede porque no se trata de fondos públicos. La denuncia debe presentarse bajo los cargos de apropiación indebida de fondos, robo, latrocinio, abuso de confianza.
Además, no hay fondos para pagarles los honorarios a los abogados, toda vez que los fondos disponibles fueron robados, y a veces “ los procesos se caen” debido a la lentitud de la justicia. De acuerdo con Rodríguez, existe una comunidad donde “todo mundo” quiere apropiarse de los bienes ajenos; hay una crisis de credibilidad generalizada y esto ha provocado que en los centros educativos no quieran pagarse las cuotas de Padres de Familia. Pronosticó Rodríguez que la situación se agudizará el próximo año por los recortes presupuestarios y el desempleo. En muchas asociaciones se les entrega subsidios para personas de escasos recursos, acción que va a tener que ser eliminada. La contención del gasto público y la rebaja del Seguro Educativo tendrá graves repercusiones en el normal funcionamiento escolar y no se podrá contratar a profesores y se eliminarán varios o casi todos los subsidios estudiantiles. Denunció el nepotismo de los padres de familia, muchos de los cuales tienen 10 años de ser presidente de los Padres de Familia, pues adoptan un acudiente para mantenerse en el poder. Los padres y madres de familia toman a las escuelas como guarderías y no se acercan a las escuelas para preocuparse por sus hijos. Sucede que hay acudientes profesionales que pertenecen a varias directivas y en todas roban, advirtió Rodríguez.
Los casos más típicos fueron escenificados recientemente en el Instituto Nacional y la Escuela Profesional cuyos directivos eran los mismos y robaron fondos superiores a los B/ 120.000. Los casos terminaron en la Fiscalía; los abogados se retiraron de los casos por falta de pago de sus honorarios profesionales. Según el dirigente ni la Contraloría ni el Ministerio de Educación cuentan con el personal suficiente para auditar los fondos de más de 4,000 escuelas que funcionan en todo el país.
