La junta directiva de la Asamblea Legislativa ordenó mediante una resolución el establecimiento de un tope de B/.600 a la franquicia telefónica que tienen los legisladores.
Según informó una fuente consultada por El Panamá América, los legisladores podrán hacer uso de las franquicias telefónicas de manera "ilimitada" hasta el próximo 28 de noviembre y a partir de la fecha empezará a regir la restricción.
Hasta que existía el Instituto Nacional Telecomunicaciones (INTEL), los legisladores gozaban de la exoneración de tres líneas telefónicas sin límite o restricción alguna, pues el costo lo asumía el Estado.
Sin embargo, al momento que el INTEL fue privatizado y la operación pasó a la empresa Cable & Wireless, correspondió a la Asamblea Legislativa como institución asumir los gastos que genera la exoneración o franquicia telefónica.
Ante la situación económica del país y las restricciones presupuestarias que afectan a la Asamblea Legislativa y demás instituciones del Estado, la institución se ha visto obligada a establecer un tope de B/.600 para estas líneas telefónicas.
Hasta el momento a cada legislador principal se le asignan tres líneas telefónicas exoneradas y a cada suplente se le asigna una. Los legisladores tienen derecho a determinar si las líneas telefónicas exoneradas se establecen en su oficina en la institución o en su residencia, ya sea en el interior de la República o en la capital.
Esta exoneración incluye las llamadas a teléfonos celulares y a la larga distancia a nivel nacional, no pueden hacer llamadas internacionales.
