Los programas de rehabilitación y lucha contra la delincuencia, a cargo del Ministerio de Gobierno, recibirán el 70% de los fondos que se traten de ingresar o sacar ilegalmente del país y sean incautados por las autoridades.
La última reforma aprobada al Código Penal, adiciona el Artículo 375-A, que establece que la persona que trate de ingresar al territorio fiscal panameño o salir con más de B/ 10 mil en efectivo, valores o documentos negociables sin declarar, será sancionado con prisión de dos a cuatro años, además del decomiso del dinero.
El 70% de los fonfos o valores será destinado a los programas de la lucha contra la delincuencia y el resto al Fondo Especial Operativo de la Autoridad Nacional de Aduanas.
La norma ya fue sancionada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y es producto de los acuerdos logrados en la Mesa del Diálogo por la Ley 30 o “Ley Chorizo”.
Esta sanción se aplicará también en el caso que la persona haga una declaración y que el monto declarado no se corresponda con la cifra establecida en la documentación para estos fines.