Estacionómetros son objeto de vandalismo

Los estacionómetros que representan un importante gasto municipal, siguen siendo objeto de vandalismo.
Esto se pudo apreciar en el área bancaria, donde el equipo fue destruido y sólo resta el metal que lo sostenía.
La instalación de los estaciónometros cuesta unos B/. 600 y el aparato, hasta B/. 400.
Se evalúa la utilización de un tiquete prepagado para los estacionamientos, según conoció Panamá América recientemente.
"El déficit es el resultado de la aplicación de la Ley 51 y de los acuerdos del Pacto de Gamboa que hicieron las autoridades con un sector de los médicos y enfermeras", insistió Hughes. El economista rechazó que las autoridades asocien los números rojos con las peticiones de los administrativos.
Los administrativos seguirán con el paro de 48 horas y no descartan el cierre de calles. Esto, a pesar de que su dirigente Lawrence Allen presentará hoy una nueva propuesta a las autoridades.
La oferta consiste en la implementación de la escala salarial tipo B, que no es negociable, en pagos escalonados a 3 años.
"De no aceptar esta propuesta de seguro continuaremos en la lucha", sostuvo Allen, al tiempo que anunciaba que el paro de ayer fue efectivo en un 80% en todas las dependencias de la CSS a nivel nacional.
En las protestas de ayer participaron los dirigentes sindicales Gabriel Castillo y Genaro López, como una muestra de apoyo que le tienen a la clase trabajadora del país. Ambos coincidieron en que las protestas son justas.
La administración propuso una "escala única" que tiene un promedio de incremento salarial en los 15 grados de posiciones de un 23% adicional, que fue rechazado por los administrativos.
La propuesta también incluye un aumento de 75 balboas a mil 559 trabajadores que, por no contar con permanencia, fueron excluidos de ese aumento que recibieron los funcionarios en el 2002.
Los administrativos rechazaron de plano esta oferta y amenazaron en convocar una huelga nacional, si los jerarcas de la CSS no implementan la escala salarial tipo B.
El aumento que piden los administrativos representa un desembolso de B/.40 millones en los próximos 10 años.