Pese a que el presidente Ricardo Martinelli expresó su interés en crear una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá- Héctor Gallego denunció que no han recibido respuestas satisfactorias a dos solicitudes de reunión hechas al mandatario.
Maritza Maestre, coordinadora del Comité, consideró que el Estado debe pedir "perdón a todos los familiares de los desaparecidos" durante la dictadura militar y no solo a los de Heliodoro Portugal.
Maestre reiteró que el organismo está a la espera de que el Ejecutivo les conceda una audiencia, para abordar el tema de los desaparecidos y que se le haga justicia a la memoria de sus seres queridos.
Detalló que desde el pasado 28 de abril entregaron una misiva en la Presidencia de la República y en la Cancillería donde solicitan una cita.
Sostuvo que es la segunda vez que solicitan una reunión al Ejecutivo y no obtienen respuesta.
Agregó que el mejor escenario para investigar esto es a través del Ministerio Público y exigió que se reabran los casos para que se conozca la verdad.
Detalló que solicitarán al procurador suplente Guissepe Bonissi que realice las pruebas de ADN a las osamentas que están en medicatura forense, por lo que deben brindar el presupuesto adecuado para comprar los insumos.
Adelantó que la Comisión de la Verdad hizo un texto único producto de la investigación, el cual puede ser incluido en los libros de historia que ha pedido el gobernante al Ministerio de Educación.
"En Panamá se sigue avalando la impunidad, los casos los tiene la Fiscalía itinerante y no hay manera que celebren las cuatro audiencias que han sido postergadas en Chiriquí", argumentó Maestre.
Por su parte, el Padre Conrado Sanjur, de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), coincidió en que el Estado le debe pedir "perdón a todas las víctimas de la dictadura" y el Procurador encargado tiene que abrir los casos para aclarar estos hechos y la investigación realizada por la Comisión de la Verdad.
Abogó porque “se establezca una mesa de negociación entre los familiares de las víctimas y el Ejecutivo tendiente a considerar la responsabilidad que tiene el Estado" en estos casos.
