El Estado panameño tendrá que pagar una indemnización millonaria, a cerca de 2 mil exfuncionarios del Gobierno, despedidos durante la actual administración de la presidenta Mireya Moscoso, al violarse con sus despidos la Ley de Carrera Administrativa, informó ayer el secretario de Defensa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal.
Manifestó que gracias a los abusos, atropellos y la irresponsabilidad de quienes administran diversas instituciones del sector gubernamental, todos los panameños como parte del Estado tendremos que pagar esa indemnización millonaria.
Según explicó Berrocal, una vez se reactive la Carrera Administrativa ésta tiene que poner en funcionamiento sus órganos de Gobierno, como lo son la Junta Técnica y la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa, donde hay cerca de 2 mil apelaciones de exfuncionarios del Gobierno que fueron despedidos. Aseguró que estos casos, una vez se reactive la Junta de Apelación y Conciliación, van a tener que ser resueltos por mandato expreso de la ley, a favor de los recurrentes.
"Por mandato expreso de la ley así tendrá que ser, porque la ley dice que una vez transcurridos 90 días sin resolverse el recurso, se entenderán resueltos a favor del demandante, independientemente que le asista la razón o no", precisó.
Berrocal explicó que al no resolverse a tiempo esas apelaciones, se producirán tres consecuencias fundamentales, como lo es el reintegro de los trabajadores, lo cual traerá un costo económico para el Estado, porque al ordenarse el reintegro se va a tener que hacer frente al pago de las prestaciones económicas.
Indicó que la segunda consecuencia es que en los casos donde se reclamen indemnizaciones, el Estado deberá afrontar esa responsabilidad. Y la tercera consecuencia es que la ley establece, además, que el Estado tendrá que hacer frente a las costas procesales. Se tiene estimado que cada proceso puede estar costando alrededor de mil 500 balboas.
Sostuvo que si las instituciones gubernamentales, obligadas a hacer los pagos, deciden no pagar esas indemnizaciones y reintegrar a los despedidos, los afectados tendrán que acudir eventualmente a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente a las instancias jurisdiccionales internacionales.
Cabe destacar que cerca de 270 trabajadores despedidos "injustamente" con la Ley 25, aprobada en el Gobierno del ex presidente Guillermo Endara, recibieron de parte del actual Gobierno cerca de 11 millones de balboas en concepto de indemnización, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara estos pagos.
Berrocal cuestionó también el hecho que ahora el Gobierno quiera implementar la Ley de Carrera Administrativa, ya que a su juicio nada que se haga por decisión unilateral de un partido político, puede tener ni la credibilidad ni la transparencia para hacer las cosas correctamente.
Aseguró que para implementar la Carrera Administrativa, hay que modificar la ley y darle a la institución responsable de administrar el recurso humano la autonomía y la independencia, para que pueda hacer ese trabajo técnica y científicamente, a fin de que el Estado se quede con el mejor recurso humano que garantice eficiencia, productividad y competencia.
