Estado deberá pagar B/. 4 millones por despidos

El Gobierno tendrá que pagar 4 millones de balboas por los despidos injustificados del Gobierno de la presidenta Moscoso, informó ayer el director de Carrera Administrativa Arnulfo De León.
Según De León, en el gobierno anterior 640 funcionarios de los 2 mil 600 que fueron desacreditados presentaron recursos de apelación ante esta dirección y tras decidir el cierre de la Junta Técnica y la Junta de Apelación y Conciliación, la nueva administración gubernamental tendrá que indemnizar a por lo menos 100 que fueron destituidos.
Explicó que la ley establece claramente que aquellos funcionarios que hayan presentado sus recursos de apelación y haya transcurrido tres meses y no exista ningún fallo a favor o en contra, automáticamente la decisión le será favorable.
Dijo que a los 100 funcionarios destituidos, de los 640 sacados de la Carrera Administrativa, se le tendrá que pagar sus salarios caídos, restituirlos o ponerlos en la misma posición en la que estaban.
De León aseguró que ahora está en manos del presidente de la República, Martín Torrijos, el nombramiento de la Junta de Apelación y la Junta Técnica, a la que sólo le quedará certificar cuándo se presentó el recurso y darle el fallo a favor del trabajador, ordenar el reintegro y los pagos respectivos.
En este sentido, el legislador Leandro Avila, proponente de un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley de Carrera Administrativa, dijo que estas son parte de las violaciones dadas en el gobierno anterior que no quiso instalar estas juntas.
Manifestó que se ha hecho una práctica en este país que los ministros, presidentes y directores violadores de la ley despidan y dejen todo para que lo atienda el próximo gobierno. Al final es el pueblo panameño quien tiene que pagar estas indemnizaciones.
Precisó que esta conducta en el anteproyecto reformatorio será castigada porque el afectado podrá demandar civilmente a aquellos funcionarios que no cumplan con la ley. Es decir, el funcionario que viole la ley tendrá que pagar de su propio pecunio las indemnizaciones correspondientes al trabajador.