El gasto del Estado en materia de alquiler de edificios públicos subió de B/.12.5 millones en 1994 a cerca de B/.28 millones en la actualidad, en un negocio que tradicionalmente ha beneficiado a unas cuantas familias.
Sin embargo, este negocio podría encontrar su fin en un futuro cercano, luego de que esta semana el Ministerio de Vivienda reciba las propuestas para el estudio del diseño de la Ciudad Gubernamental, un emporio que estaría ubicado en las áreas revertidas y que reuniría a casi la totalidad de las instituciones estatales.
El lugar escogido para este proyecto es el Campo de Antenas de Clayton y el mismo tiene un costo de B/.250 millones.
Desde la época de la dictadura militar el alquiler de edificios para oficinas públicas ha servido de medio para el soborno, tráfico de influencias y coimas, comentó el ex contralor Rubén Darío Carles al imponer una nueva política en este gasto del Gobierno Central, luego del retorno a la democracia en 1989.
Carles impuso la práctica de reducir los gastos por alquileres para oficinas públicas debido a los onerosos contratos que pagaba el Gobierno en ese renglón.
Los gastos por alquileres se lograron reducir en 1993 a B/.11.9 millones, según cifras de la Contraloría General de la República publicadas en la época.
No obstante, nuevas cifras de la Contraloría revelan que a partir de las administraciones de Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso al parecer se regresó a la práctica de alquilar edificios privados para oficinas públicas, debido al incremento de los gastos en este renglón.
De B/.12.5 millones que se pagaban en alquiler en 1994, la cifra llegó a ascender a B/.17.1 millones en 1997, segundo año de mandato de Pérez Balladares.
Pero estas cifras contrastan mucho con las que proporcionan voceros del Gobierno y organismos locales en cuanto a los gastos por alquileres estatales, por lo que no hay concordancia en lo que realmente gasta el Estado en este renglón.
El ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, reveló que el Gobierno gasta unos B/.28 millones anuales en pago de alquileres de edificios privados para albergar oficinas.
Mientras que el administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Alfredo Arias, comentó que el Gobierno se ahorraría B/.25 millones que gasta en alquileres de edificios si se concreta la edificación de la ciudad gubernamental.
Según un estudio realizado por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) el costo de alquileres del Gobierno en toda la nación es por el orden de B/. 28.6 millones.
Sólo en la región metropolitana el Gobierno gasta B/. 18.9 millones en alquileres, lo que representa el 66% del gasto total.
El espacio arrendado al Estado en todo el país es de 251,317. 35 metros cuadrados, de acuerdo al estudio elaborado por la SPIA.
Pero entre los metros cuadrados que se alquilan también se denuncian componendas entre los gobiernos de turno y los propietarios de los edificios para obtener jugosos contratos de arrendamiento.
El secretario general del Frente Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, denunció que el Gobierno paga al propietario de la Plaza Edison alrededor de B/. 2 millones anuales por el arrendamiento de oficinas de cuatro ministerios, como lo son Trabajo, Vivienda, Comercio e Industrias y el de la Juventud.
El entonces ministro de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas, fue quien urgió al entonces contralor, Aristides Romero, que autorizara el traspaso de la institución para la Plaza Edison, debido al deterioro que presentaba el edificio de El Marañón.
Plaza Edison aún estaba en la etapa de construcción en la vía Ricardo J. Alfaro, cuando el 3 de febrero de 1998, Sánchez Cárdenas planteó la necesidad de alquilar las oficinas mediante un sistema de pro-forma contrato.
El MIVI requería 5,000 metros cuadrados a un canon de arrendamiento mensual de B/.10.00 por metro cuadrado.
Terminado de construir el edificio se instalaron además del MIVI, el MITRADEL, el Ministerio de la Juventud y el de Comercio e Industrias, lo que ha convertido a la plaza comercial, en una pequeña ciudad gubernamental.
Montenegro señaló que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) evalúa la celebración de un contrato para arrendar el Edificio De Diego, de cinco pisos, ubicados en la Avenida Balboa.
Indicó que la AMP paga B/. 18 mil en concepto de arrendamiento en las áreas revertidas, pero ahora posiblemente se mudará al Edificio De Diego donde deberá pagar B/. 62 mil mensuales.
"Con este valor del arrendamiento en 20 meses sus propietarios cubrirán el valor total del edificio", advirtió Montenegro, quien señaló que en ese inmueble anteriormente operó el Ministerio de Trabajo por muchos años.
El edificio De Diego, (5 pisos y estacionamiento), según Montenegro, es propiedad de Mayor Alfredo Alemán y Augusto García Onasis.
El entrevistado hizo notar que la subdirectora de la Autoridad Marítima de Panamá, Bertilda García, es hija de Augusto García Onasis.
El Edificio De Diego está ubicado hacia la cercanía frontal del Club de Yates y Pesca, y fue donde antiguamente se alojaron las oficinas de la Aeronáutica Civil, y más recientemente las del Ministerio de Trabajo, que ya hoy funciona en la Plaza Edison de Tumba Muerto.
Según Montenegro, el Edificio De Diego, cuyo propietario era Ernesto De Diego, fue vendido hace más de una década a un judío, y después fue comprado por Ernesto Pérez Balladares y Mayor Alfredo Alemán, pero últimamente la porción de Pérez Balladares fue comprada por Augusto García Onasis.
Según el secretario del Frente Nacional Contra la Corrupción, por la compra se pagó 1 millón 150 mil balboas, de acuerdo a la última escritura.
Montenegro también denunció supuestas irregularidades en el proceso de compra y venta de la torre de 15 pisos que ocupa hoy en día el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
Según la fuente, el edificio en mención, propiedad del antiguo Republic National Bank y de un importante bufette de abogados de la localidad, fue vendido por una suma de B/. 4 millones al IFARHU cuando en realidad el inmueble tenía un valor aproximado a los B/. 2.5 millones.
Montenegro indicó que aún no se ha podido aclarar por qué este edificio fue vendido en una suma tan alta y señaló que la compra y venta fue autorizada por el entonces mandatario Ernesto Pérez Balladares y el ex contralor Romero, en la cual también tuvo participación el ex director del IFARHU, Héctor Alemán.
"El edificio Torre IFARHU fue vendido en B/.4 millones para resarcir a un partido político por los gastos que efectuó en la campaña política de 1994", aseguró Montenegro.
Existen otros edificios como el AVESA, en la vía España, y el Poli, en la Justo Arosemena, que por años han albergado oficinas del Estado.
El AVESA albergó por muchos años las instalaciones principales del desaparecido INTEL y ahora tiene como inquilino a las oficinas del Ministerio Público.
La Alcaldía de Panamá, a través del jefe de la comuna, Juan Carlos Navarro, negocia también un millonario contrato con el consorcio Hatillo para ocupar 8,500 metros cuadrados del edificio Hatillo, en la avenida Cuba.
En los últimos años, algunas entidades han incurrido en la práctica de trasladarse para las áreas revertidas, pero dejan el resto de sus instalaciones en los edificios que ocupaban. Tal es el caso del Ministerio de Educación, Salud y otros, lo que sigue engrosando los gastos de alquileres, comentó otra fuente que pidió reserva de su identidad.
Las áreas revertidas se vislumbraron como la tierra prometida para albergar las oficinas públicas, pero varias instalaciones se deterioran sin que tengan ningún uso público como se evidenció en un reciente reportaje publicado por
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