El Ejecutivo está legislando a través de resoluciones y addendas ministeriales, lo que según obreros, políticos, economistas y constitucionalistas, ha puesto en juego los poderes del Estado, la seguridad jurídica del país y ha causado lesiones patrimoniales por millones de balboas.
Según un recuento realizado por este medio, se han dictado durante este período presidencial más de 60 addendas o modificaciones a diferentes contratos públicos y contratos leyes celebrados entre el sector privado y el Estado, siendo los ministerios que más han dictado esta medida el de Obras Públicas, Gobierno y Justicia, el de la Presidencia y Salud, además de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).
El contrato ley suscrito entre el Estado y la empresa mexicana Proyectos y Construcciones S.A. (PYCSA), desde su firma en 1994 hasta la fecha, ha sufrido más de 15 modificaciones a través de addendas, de las cuales dos han sido para aumentar la tarifa del Corredor Norte.
En los últimos cinco años, el Ejecutivo ha dictado addendas para prorrogar el contrato de la impresión de la Gaceta Oficial a una sola empresa, obviando de esta manera la celebración de una licitación pública.
222El Gobierno de Mireya Moscoso ha efectuado más de 60 addendas en lo que va de su mandato.
A través de una addenda realizada al contrato celebrado entre Aguas Panamá S.A. y el IDAAN para la construcción de la potabilizadora de Laguna Alta, el Estado deberá pagar como si recibiera 15 millones de galones de agua diarios, cuando sólo recibirá ocho millones diarios para sus usuarios de Arraiján y La Chorrera.
Más polémicas han sido las resoluciones y addendas promulgadas por el Ejecutivo mediante las cuales se modificaron los contratos leyes, celebrados con Panama Ports Container (PPC) y Cable and Wireless.
El contrato ley con PPC se modificó para equiparlo con el suscrito con el consorcio Colon Container Terminal (Evergreen).
Mientras que al contrato ley con la transnacional inglesa Cable and Wireless se le hizo una modificación para exonerar a esta empresa del pago de B/.10 millones y disminuir la calidad del servicio de telefonía. Más en A3
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