Estado irrespeta norma internacional

EL ESTADO panameño ha demostrado síntomas de inmadurez y contradicción en el cumplimiento de las normas internacionales, así lo manifestó al Panamá América, el doctor Carlos Rafael Urquilla, consultor Internacional y especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las declaraciones del jurista se dan luego que el Estado panameño ha incumplido hasta la fecha un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se establecía que debía indemnizar a 270 funcionarios públicos que fueron afectados por la Ley 25.
Urquilla manifestó que esto afecta la imagen de Panamá ante el mundo, además de que podrían generarse sanciones contra el país.
El jurista expresó que Panamá, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe dar ejemplo a sus ciudadanos en materia legal, ya que por medio de una serie de artimañas ha evadido su responsabilidad.
No obstante, destacó que debe haber un diálogo entre el gobierno y los trabajadores para que se cumpla la ejecución de la sentencia.
El consultor indicó que la actitud contradictoria de Panamá en los derechos humanos queda evidenciada en el hecho que aunque se somete a la jurisdicción de la Corte interamericana y no plantea ningún tipo de objeción en torno a las decisiones de esta organización, pero sin embargo, más adelante, no cumple la norma establecida.
La sentencia establece que el Estado debe pagar a los trabajadores públicos, afectados po la ley 25, los salarios caídos y otro tipo de indemnización que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el jurista Miguel Antonio Bernal, apuntó que al estado no le ha "dado la gana" de pagar lo que por derecho corresponde a este grupo de funcionarios.
Agregó que esta irregularidad se está viviendo una vez más en el punto de la libertad de expresión, ya que existe jurisprudencia por parte del Sistema Interamericano de Derecho Humanos en este tema. Sin embargo, agregó que los tribunales locales, siguiendo las instrucciones de sus superiores, y por otro lado, "amparándose en la ignorancia inexcusable de la que son expertos en hacer gala", están violando una serie de convenios y tratados internacionales que son de ejecución obligatoria para Panamá como Estado signatario.
Bernal racalcó que esta situación debe servir al país como alarma para que obligatoriamente los ciudadanos conozcan sus derechos y que el Estado cumpla sus deberes.
"Cuando un Estado vulnera las normas internacionales sobre los derechos humanos, se deben tomar medidas que respeten el imperio del derecho", agregó.
Asimismo declaró que se necesitan estructuras judiciales independientes, en las que se reconozca constitucionalmente la supremacía del derecho.
Mediante la Ley 25 de 1990 se destituyó un gran número de empleados públicos, quienes llevaron su situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo, por su parte solicitó al gobierno cumplir con la sentencia de la Corte, que fue establecida hace cuatro años.