Durante cinco años el gobierno anterior incumplió la obligación de crear una ley de servicio universal para continuar ofreciendo el servicio telefónico a las áreas menos rentables, como lo establece el contrato de privatización.
Las explicaciones de la empresa Cable and Wireless cayeron en oídos sordos y el Estado ve afectadas sus finanzas.
Ahora la nueva administración, que quiere mejorar su participación en la junta directiva de la empresa, tendrá que tratar de limar las asperezas y lograr que ésta aporte los dividendos correspondientes.
