EL defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, y el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, coinciden en señalar que el Estado panameño "es uno de los mayores violadores de los derechos humanos".
Tejada fundamenta su expresión en los despidos de funcionarios públicos sin justificación. Comentó que incluso sorprende cómo el Estado ni siquiera atiende las propias recomendaciones y observaciones de la Procuraduría de la Administración, en los casos de despidos que no se consideró el pago de las vacaciones, décimo tercer mes proporcional, a los servidores públicos y otros beneficios.
El defensor en su informe sobre funcionarios destituidos expresa que hay casos especiales como embarazadas, enfermos de VIH, entre otros, sin que se tomara en cuenta que la ley y la Constitución establecen normativas especiales, que "no se están cumpliendo".
Las instituciones públicas que más despidos han registrado en el gobierno de Martín Torrijos son el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Salud (MINSA), así lo señala el informe que presentó la Defensoría del Pueblo.
Mientras que Berrocal aseguró que "sin piedad el gobierno central despide a los funcionarios", violando sus derechos.
