Estado reclama B/.9 millones a C&W

EL proceso de arbitraje entre la empresa Cable & Wireles y el Estado por el cobro ilegal de B/.9 millones en llamadas telefónicas a jueces, magistrados, procuradores y fiscales, será realizado en Santa Fe de Bogotá, EN Colombia.
Este proceso surgió a raíz de la presentación de una denuncia de bien oculto ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizada por Beatriz Anguizola.
El artículo 362 del Código Judicial establece que a los magistrados, jueces, procuradores y fiscales se les debe brindar el servicio telefónico de manera gratuita.
Según una fuente del Ministerio Público en el año 2005, la empresa telefónica aceptó resolver el reclamo a través de un arbitraje, por lo que procedió a nombrar sus árbitros y sus apoderados legales.
No obstante, cuando el tribunal arbitral requirió la consignación de los fondos para darle inicio al procedimiento arbitral no se cancelaron los gastos de arbitraje.
En un comunicado Cable & Wireless aseguró que no tiene la obligación de brindar una franquicia gratuita a ninguna institución del Estado, incluidos el Órgano Judicial, Ministerio Público y la Asamblea.
La obligación de proveer una franquicia a estas instancias estatales reposa, única y exclusivamente en el Estado y así lo ha reconocido incluso la Procuraduría de la Administración. Los honorarios de los árbitros y del centro de arbitraje fueron tasados en la suma de B/.112,500 por cada parte.
El abogado que representa al Estado es Roy Arosemena y el fiscal Abilio Batista, designado por la Procuraduría de la Nación.
Entre los árbitros se encuentran José Mauad Orej, Jaime Franco, Manuel Virgilio Aispurúa, quien será el dirimente y la secretaria del tribunal será Sheila Castillo.
Se había propuesto la ciudad de Buenos Aires, Argentina para realizar el arbitraje, pero finalmente se escogió Bogotá.