El Estado panameño tiene un plazo de 60 días para responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de negligencia en el manejo de las investigaciones por la desaparición de Heliodoro Portugal.
Mientras que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG) denunció que el procurador José Antonio Sossa y el defensor del Pueblo, Juan Tejada, intentan descalificar las acciones de la Comisión de la Verdad.
Patria Portugal, hija del desaparecido dirigente, dijo que la admisión de la denuncia presentada por la desaparición de su padre, abre la puerta para la presentación de otras denuncias de todas aquellas personas con familiares desaparecidos durante la dictadura militar.
Portugal aseguró que si la respuesta del Estado panameño no satisface a los miembros del CIDH, ésta será remitida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se abriría un proceso para determinar las irregularidades cometidas en las investigaciones de las desapariciones y crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Detalló que los comisionados del CIDH remitirán en los próximos días una notificación oficial al Estado panameño sobre la decisión adoptada, para que luego las autoridades nacionales nombren un representante que presente sus respuestas.
Aseguró que el de Heliodoro Portugal es el caso precedente, pero que el Estado panameño deberá hacer frente a los 110 procesos de personas muertas y desaparecidas por los militares. Alegó que el Ministerio Público, a pesar de tener las denuncias y pruebas aportadas por la Comisión de la Verdad, se ha mostrado renuente a investigar estos casos.
Por su parte, los miembros del COFADEPA-HG denunciaron que el procurador Sossa y el defensor del Pueblo han montado una campaña con la intención de descalificar la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y sustituirla con una llamada Comisión Nacional de Reparación adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Los miembros de COFADEPA-HG señalaron que Sossa presentó varias excusas para no realizar las investigaciones de estos casos. Indicaron que primero se opuso a la ejecución de las excavaciones en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, luego argumentó que estos casos habían prescrito, después dijo que los trabajos de excavación no se podían hacer en la época lluviosa y finalmente sostuvo que no tenía los recursos técnicos para realizarlos.
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