La recepción de más de 2017 denuncias dentro del Ministerio Público revela un aumento de la violencia en el país aseguró ayer la procuradora, Ana Matilde Gómez.
Según Gómez, este aumento de la litigiosidad es un indicativo de que los ciudadanos están escogiendo métodos violentos para resolver sus conflictos.
La Jefa del Ministerio Público planteó que esto se traduce a su vez en un aumento de la población penitenciaria, que en estos momentos excede los 11 mil internos.
Alegó que el incremento de los casos acarrea la necesidad de crear nuevas estrategias dentro del sistema de administración de justicia para evacuar los casos con mayor celeridad.
A su juicio existe una deuda de arrastre del Estado en materia penitenciaria que debe ser atendida.
En tanto, el magistrado presidente de la Corte, Harley Mitchell, consideró que es evidente que no se ha estado cumpliendo con la norma constitucional de proporcionar una oportunidad de resocialización de los privados de libertad.
Mitchell anunció que en un futuro próximo los jueces en sus sentencias establecerán lineamientos para la resocialización de los detenidos.
"Vamos a asumir una función docente para intentar disminuir la población penitenciaria", planteó.
En la actualidad, el 62 por ciento de los detenidos están sin sentencia en firme y otro alto porcentaje ni si quiera han ido a juicio.
Según los funcionarios del Ministerio Público y ?"rgano Judicial, esto es producto de la gran cantidad de denuncias y hechos delictivos bajo investigación.
Cifras del ?"rgano Judicial revelan que cada juez resuelve un promedio de 12 casos, pero a su despacho ingresan 10.
Ayer como parte de un programa para descargar los despachos judiciales de expedientes y acelerar el trámite de los procesos, se instalaron en La Joya y La Joyita dos oficinas, en donde funcionarios del Ministerio Público y el ?"rgano Judicial atenderán a los internos.
Estos despachos se encargarán de realizar un monitoreo de los casos y procurarán darles un trámite más rápido.
En este programa se intenta integrar los esfuerzos de las instituciones de administración de justicia y el sistema penitenciario.
En este sentido, el Magistrado Mitchell reiteró que en las condiciones actuales los internos son condenados antes de cualquier proceso penal.
No obstante, familiares de los internos de La Joya y La Joyita alegaron que estas iniciativas sólo se quedan en palabras y nunca se llevan a buen término.
Explicaron que algunos pabellones no tienen agua potable y hay internos que están enfermos y no reciben atención médica.
También dijeron que se dan maltratos a los reos.
